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Más incentivos a la inversión: Residenciales de adultos mayores.

De un tiempo a esta parte, los residenciales de adultos mayores han tomado relevancia en el mercado. Con el Decreto Nº 378/020 se promueve la actividad incentivando la inversión en infraestructura, acondicionamiento y equipamiento para la atención a los adultos mayores. Hasta antes de la vigencia del presente decreto, esta actividad no tenía beneficios fiscales por ser considerados casa-habitación. 

 

La actividad promovida es la realizada por establecimientos privados que: leer informe completo aquí.

 

Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cra. Magalí Piastri  o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

A través de un decreto, se estableció que las personas de 65 años o más, que estén comprendidas en el ámbito subjetivo del subsidio por enfermedad, podrán permanecer en aislamiento desde el 20 de diciembre del 2020 y hasta el 28 de febrero del 2021. Quedan excluidos aquellos trabajadores que puedan realizar o realicen sus tareas habituales desde su domicilio.

El artículo 2 del decreto define lo que se entiende por aislamiento, situación que implica la permanencia de la persona en su domicilio, salvo en caso de imperiosa necesidad o urgencia. Quienes guarden dicho régimen de aislamiento, tendrán derecho a percibir el subsidio por enfermedad mientras dure el mismo.

La comunicación al Banco de Previsión Social (BPS) será realizada por la empresa a través de los servicios en línea.

 

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Entre las medidas para atender la situación del mercado laboral, debido al impacto negativo por la pandemia de COVID-19, se prorrogará el seguro de paro parcial hasta el 31 de marzo de 2021.

Además, para incentivar a las empresas a que reincorporen su personal, se otorgará a cada empleador $5.000 (cinco mil pesos uruguayos) por mes -durante tres meses- por cada trabajador que salga del seguro de paro parcial y vuelva a la actividad laboral.

Aprovechamos para recordarles que desde el 1° de diciembre y hasta el 31 de marzo está vigente para el sector turístico el subsidio de $8.000 (ocho mil pesos uruguayos) en aportes patronales, por mes, para todo empleador que reincorpore a un trabajador en el seguro de paro o para aquellos empleadores que incorporen nuevos trabajadores a su plantilla -siempre que no tengan empleados en situación de seguro de desempleo-

Ampliamos este último tema en el informe que sigue.

Por más información o asesoramiento contacte en nuestro Dpto. de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a: Lic. Javier Sosa a través del correo rrhh@estudiokaplan.com

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Como comentamos en la última revista Panorama Económico & Empresarial #24 (*), en el artículo “Nuevo régimen de promoción de inversiones” (pag.05), existe un beneficio temporario para los contribuyentes de IRAE que inviertan en determinados vehículos eléctricos.

Este beneficio implica que los proyectos presentados hasta el 31 de agosto del 2023, considerarán como inversión el elegible la adquisición de:

a. vehículos de pasajeros con motorización exclusivamente eléctrica cuya batería de densidad de energía gravimétrica sea mayor o igual a 100 Wh/kg, que se destinen directamente a la actividad de la empresa. En el caso de los automóviles, el valor de importación CIF no podrá superar los US$ 60.000.

b. vehículos de pasajeros y utilitarios con motorización exclusivamente eléctrica cuya batería de densidad de energía gravimétrica sea mayor o igual a 100 Wh/kg, adquiridos para ser arrendados por las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de vehículos sin chofer, siempre que no sean cedidos a través de contratos de crédito de uso. En el caso de los automóviles, el valor de importación CIF no podrá superar los US$ 60.000.

Estos bienes, los deberán mantener en el activo fijo por el término de 4 años a partir de su incorporación.

Limitaciones a las inversiones incluidas en el punto a)

  • No aplica para los contribuyentes de IRPF que opten por tributar IRAE, sí aplica para lo que sean contribuyentes de IRAE en forma preceptiva/ obligatoria, es decir aquellos contribuyentes de IRPF que superen UI 4.000.000.
  • Esto bienes, deberán formar parte de un proyecto de inversión en el cual representen como máximo el 25% del total del mismo. Se exceptúan de esta exigencia, aquellos proyectos de inversión para la adquisición de flota exclusivamente eléctrica, entendiéndose a estos efectos la compra de 5 o más vehículos.

Es decir que la compra de un solo vehículo no es pasible de beneficios tributarios, tiene que representar como máximo el 25% de la inversión total.

(*) Ver aquí

 

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Se dispone un beneficio para los buenos pagadores del Banco de Previsión Social (BPS) que consiste en un descuento del 15% sobre las obligaciones jubilatorias patronales del mes de cargo diciembre 2020.

La misma les será otorgada a las micro y pequeñas empresas, las que se definen en función del promedio mensual del personal ocupado durante el período comprendido desde mayo del 2019 a febrero del 2020, según los siguientes límites:

  • Microempresas: ocupan no más de 4 personas, incluidas sus titulares;
  • Pequeñas empresas: ocupan no más de 19 personas, incluidas sus titulares.

Para acceder a dicha bonificación, las empresas deberán contar con los 10 pagos regulares comprendidos en el período antes mencionado (meses de cargo mayo 2019-febrero 2020).

La bonificación la calcula el BPS en forma automática y se hará efectiva en enero de 2021 en ocasión del pago de los aportes del mes de cargo diciembre 2020.

Aquellas empresas que tengan exoneración de aportes patronales jubilatorios no están comprendidas en el beneficio, y aquellas que tengan exoneración parcial, accederán al beneficio sobre la porción no exonerada de aportes patronales jubilatorios.

 

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Este proyecto de ley se impulsa con motivo del incumplimiento de la obligación de las empresas de comunicar en tiempo y forma al Banco de Previsión Social (BPS), la reincorporación a sus actividades de los trabajadores amparados al subsidio por desempleo, lo que ocasiona perjuicios al organismo al pagar prestaciones que no corresponden por razones ajenas a su funcionamiento, sin contar que los cobros indebidos deben ser devueltos por las personas que lo hayan percibido, ocasionando un perjuicio al trabajador.

La obligación de comunicar el reintegro se encuentra prevista en el Decreto Nº 162/009, así como las multas aplicables en caso de no hacerlo en el plazo debido (5 días hábiles siguientes al reintegro). Como se trata de una infracción que necesariamente ha de graduarse, se entiende que no es de aplicación automática. Por lo tanto, para que sí lo sea, se establece en el proyecto de ley una multa fija.

En el proyecto se propone:

  • Comunicar al BPS el reintegro del trabajador dentro de los 2 días hábiles siguientes a la reincorporación a la actividad (actualmente el plazo es de 5 días hábiles).
  • El incumplimiento de la obligación de comunicar el reintegro será sancionado con una multa equivalente a 5 Unidades Reajustables (UR) por cada trabajador comprendido en la infracción. En caso de reincidencia, se duplicará la multa. Se entiende por reincidencia la comisión de una nueva infracción antes de transcurridos cinco años de la aplicación de la última sanción dispuesta.
  • La multa correspondiente se generará y aplicará en forma automática, y por el sólo incumplimiento de comunicar dentro del plazo antes referido.

 

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Se amplía hasta el 28 de febrero del 2022 la posibilidad de descontar el total del costo del terreno en la medida que cumpla determinadas condiciones sin importar a quien se compró el mismo. 

Recordemos que cuando una empresa contribuyente del IRAE adquiere un terreno para construir, el costo es deducible si fue adquirido de otro contribuyente de IRAE. Cuando se adquiere un terreno a una persona física o jurídica del exterior, en principio se puede deducir un 48% del valor del terreno. Es decir que si se compra un terreno por un valor de por ejemplo $ 100, sólo puede descontar como costo % 48, por lo que la carga impositiva es mayor.

El decreto 292/13, y ahora el Decreto 319/020, permiten deducir en forma íntegra el valor fiscal de los inmuebles destinados a integrar el costo de ventas de bienes inmuebles nuevos construidos por empresas constructoras o promotoras, o en ejecución de contratos de fideicomisos al costo, siempre que:

  • Los inmuebles hayan sido adquiridos entre el 1º/7/2007 y el 28/02/2022 (vale recordar que los adquiridos con anterioridad ya podían deducirse en forma íntegra).
  • La obra se inscriba en el BPS entre el 1º/9/2013 y el 28/02/2022.

A su vez, los inmuebles que se adquieran a partir del 1º de setiembre de 2013, será condición necesaria que el pago de la totalidad de la operación se efectúe:

  1. a través de transferencias electrónicas entre cuentas de instituciones de intermediación financiera comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, pertenecientes al comprador y vendedor; o
  2. en especie, mediante la entrega de unidades a construir.

 

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A través de un Decreto con fecha del 7 de diciembre, se dispuso un beneficio económico para ciertas empresas.

Se trata de un aporte estatal no reembolsable de $ 8.000 mensuales a las empresas pertenecientes a los grupos de actividad de hoteles y restaurantes (grupo 12, subgrupos 1, 2, 4 y 7 de Consejo de Salarios).

 

 

Condiciones de percepción

  • Por cada trabajador reintegrado comprendido en el subsidio por desempleo por la causal suspensión total. Los trabajadores reintegrados deberán haber estado percibiendo la prestación por desempleo al 30 de noviembre del 2020.
  • Por cada nuevo trabajador incorporado, siempre que la empresa no registre trabajadores en el subsidio por desempleo al 30 de noviembre del 2020.

El reintegro o incorporación de estos trabajadores deberá realizarse entre los meses de diciembre de 2020 y marzo de 2021.

IMPORTANTE: el beneficio estará sujeto a la conservación de los puestos de trabajo de los trabajadores reintegrados o incorporados durante la vigencia del aporte estatal, debiendo los empleados jornaleros acreditar un mínimo de 12 jornales de trabajo efectivo mensual en épocas normales.

Instrumentación del beneficio

El crédito resultante del aporte estatal se generará por cada mes de incorporación o reintegro de cada trabajador en el período antes referido.

El Banco de Previsión Social (BPS) compensará el crédito resultante del aporte estatal, con obligaciones tributarias de la empresa, acreditándose el beneficio en la cuenta de la misma a partir del mes siguiente del reingreso o incorporación del trabajador.

Término del beneficio

Quedará sin efecto el crédito resultante del aporte estatal generado durante todo el período cuando:

a. existan trabajadores de la empresa beneficiaria que se hayan amparado al subsidio por desempleo en el período comprendido entre el 1º de diciembre del 2020 y el 31 de marzo del 2021, excepto cuando el trabajador reintegrado fuere sustituido por otro trabajador reintegrado. El trabajador sustituido tendrá derecho a continuar en el subsidio por desempleo por el saldo legal, régimen especial o prórroga correspondiente.

b. cuando el BPS compruebe acciones u omisiones de las empresas tendientes a la acreditación indebida del beneficio.

Dicho aporte no será acumulable con cualquier prestación o subsidio vinculado al fomento del empleo y relacionada con el trabajador reintegrado o incorporado.

 

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Mediante la Resolución de Directorio del Banco de Previsión Social (BPS) del 19/11/2020 se limitó, a partir del 01/12/2020, el acceso al subsidio por enfermedad para aquellas personas que tuvieran certificaciones médicas fundadas en el cumplimiento de la cuarentena obligatoria preventiva por el retorno de un viaje al exterior con motivos turísticos.

 

 

 

En caso de haber cobrado el referido subsidio y constatarse con posterioridad al otorgamiento del beneficio que dicha cuarentena obedece al motivo relatado anteriormente, lo abonado será considerado como cobro indebido, por lo tanto, la persona deberá devolver al organismo el importe correspondiente.

 

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Considerando la situación actual que atraviesa la economía D.G.I. resolvió otorgar prórrogas a determinados vencimientos emitiendo una nueva resolución donde se establece que las obligaciones del mes de noviembre, que vencían en diciembre, podrán ser abonadas en el mes de enero 2021.

Los beneficiarios son los contribuyentes CEDE y NO CEDE (salvo los gestionados por la División Grandes Contribuyentes) cuyas rentas gravadas del ejercicio anterior no supere las UI 6.000.000.

 

Aplica solamente a Anticipos de IRAE (mínimo y complemento), IP e ICOSA.
 
Resolución DGI N° 2377/020 aquí

 

Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cra. Micaela Cúneo o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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Al 31 de diciembre de cada año, los contribuyentes de IRAE que tengan saldos a pagar a personas físicas o jurídicas del exterior, con excepción de los saldos por importación de bienes y pasivos financieros, deberán retener IP.

Cabe recordar que las personas físicas o jurídicas del exterior son contribuyentes de IP en nuestro país, pero al no estar inscriptos en DGI se designan a los contribuyentes de IRAE agentes de retención para asegurarse que tributen en nuestro país.

¿Esta retención genera costo en el IRAE?

Dependerá de lo que se haya acordado con el proveedor del exterior:

  • Si se hace cargo el proveedor del exterior, el contribuyente de IRAE no asumirá costo alguno descontando del saldo a pagar el impuesto correspondiente.
  • Si no acepta la retención, el contribuyente de IRAE deberá pagarle el saldo acordado y verter a DGI la retención del impuesto sobre el saldo impago al 31.12 no pudiendo descontar el gasto en el IRAE.

¿El saldo a pagar al proveedor del exterior, se puede descontar en la liquidación de IP?

Dependerá de si se encuentra o no en la lista taxativa de pasivos admitidos de la normativa de IP. Por ejemplo: si al 31.12 el saldo a pagar es por concepto de servicios, entonces este pasivo se puede descontar en la liquidación, en cambio si el saldo a pagar es por concepto de anticipos de clientes no se puede descontar en la liquidación de IP por no encontrarse este concepto en la lista taxativa de pasivos admitidos.

Excepción:

Los usuarios de zona franca, a pesar de estar exonerados de IP, también son agentes de retención del impuesto encontrándose exonerados expresamente de retener sobre los saldos de regalías, arrendamientos de equipos, servicios técnicos y derecho de autor.

Tasas:

  • 1,5% sobre saldos con personas jurídicas del exterior no ubicados en paraísos fiscales
  • 3% sobre saldos con personas jurídicas del exterior ubicados en paraísos fiscales,
  • y en el caso de personas físicas las tasas son progresivas del 0,40% al 0,60%.

En resumen, si el proveedor del exterior acepta la retención y el pasivo se puede descontar en la liquidación de IP por encontrarse en la lista taxativa de pasivos admitidos, entonces el efecto es nulo, es decir retengo IP y descuento el pasivo. En cambio si no lo puede descontar y debe retener o tiene que hacerse cargo del impuesto, es conveniente cancelarlo antes del 31.12 para evitarse el costo fiscal.

 

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Se encuentra disponible el calendario de vencimientos del 2021, Resolución N° 2.401/2020.

Descargar CALENDARIO aquí

 

 

 

 


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Con el fin de fomentar el desarrollo y crecimiento de los micro y pequeños emprendimientos, a través de un reciente decreto, se permite descontar los gastos y servicios contratados con contribuyentes del literal E) del artículo 52 del título 4 en la medida que cumplas las siguientes dos condiciones:

 

 

 

  • Que la operación se documente mediante Comprobantes Fiscales Electrónicos,
  • y el pago se efectúe a través de transferencias electrónicas pertenecientes al comprador y vendedor. Se consideran transferencias electrónicas, las realizadas a través de cualquier medio de pago, siempre que se genere un débito y un crédito recíproco entre las cuentas bancadas del comprador y del vendedor.

Esta buena noticia rige para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2021.

 

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Compartimos nota realizada por El Observador, al Cr. Alfredo Kaplan para el suplemento especial Vivienda Promovida, construyendo un país sobre cimientos sólidos.

Ver nota aquí

Los empleadores de la actividad privada que cuenten con 25 o más trabajadores permanentes, en todo nuevo ingreso de personal, deberán emplear a personas con discapacidad que reúnan las condiciones y la idoneidad para el cargo, en los porcentajes que se detallan a continuación, para el período comprendido desde el 18 de noviembre del 2020 al 17 de noviembre del 2021 inclusive, aplicados sobre la totalidad de sus trabajadores permanentes:

  1. empleadores con 500 o más trabajadores: 4%;
  2. empleadores con 150 o más trabajadores y menos de 500: 3.5%;
  3. empleadores con 50 o más trabajadores y menos de 150: 3%;
  4. empleadores con menos de 50 trabajadores: 2%.

Cuando por aplicación de dichos porcentajes resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o superior a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

Si dentro de la plantilla de la empresa ya existieran trabajadores con discapacidad (que cumplan ciertos requisitos), podrá descontarse el número de aquéllos a los únicos efectos del cálculo.

¿Qué se considera discapacidad?

Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

La certificación de dicha discapacidad será realizada por el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. El certificado establecerá el plazo de validez del mismo.

¿Qué significa trabajador permanente?

A los efectos de realizar correctamente los cálculos, se considera trabajador permanente a aquel que no se encontrare contratado en forma transitoria, esto es, bajo modalidades tales como contrato a prueba, por temporada, por zafra, a término o para obra determinada.

¡Tengo que prestar atención a la difusión de los llamados para nuevas contrataciones!

Es importante que la difusión de los llamados para nuevos ingresos de personal que realicen los empleadores comprendidos en la ley, en que corresponda dar cumplimiento a la obligación antes dicha, se realice adecuadamente y se establezca que dicho anuncio comprende a personas con discapacidad que reúnan las condiciones e idoneidad para los cargos de que se trate y, en su caso, el número mínimo de puestos que se prevé cubrir con tales personas en esa convocatoria.

Importante: recomendamos que se conserve la documentación probatoria de la difusión.

Pago de aportes jubilatorios patronales en forma gradual

Los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social correspondientes a las personas con discapacidad, se realizarán en forma gradual conforme a la siguiente escala:

  1. 25% del aporte durante el primer año de relación laboral;
  2. 50% del aporte durante el segundo año de relación laboral;
  3. 75% del aporte durante el tercer año de relación laboral;
  4. 100% del aporte, una vez finalizados tres años de relación laboral.

Los empleadores comprendidos podrán acceder a los beneficios e incentivos siempre que se encuentren debidamente inscriptos en el registro que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El trámite ya se encuentra habilitado a través del servicio en línea del referido organismo. Para realizarlo es necesario contar con Usuario gub.uy o cédula de identidad electrónica con el lector correspondiente.

Puede leer más sobre este tema en nuestro Boletín Laboral número 1 aquí

 

Por más información o asesoramiento contacte en nuestro Dpto. de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a: Lic. Dayhanna Sena a través del correo

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Breves comentarios sobre las Multas y Sanciones referentes a las Comunicaciones al BCU de acuerdo a las leyes 18930 y 19484.

El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional en su artículo 232 prevé la prescripción del cobro de las multas que impone la Auditoria Interna de la Nación (AIN), en el plazo de 6 años contados a partir de terminado el año civil en el que fue producida la infracción. En principio dicha prescripción se hará efectiva a instancia o solicitud de la parte interesada.

Dicho plazo se ampliará a 10 años, cuando los sujetos obligados a efectuar las comunicaciones al Banco Central, no permitan conocer el beneficiario final, caigan en error sobre la obligación de identificación de los mismos o efectúen maniobras para no identificarlos.

La Ley 19484 reglamentada por el Dec. 166/017 establece que el plazo para comunicar al BCU acerca de los beneficiarios finales, así como las modificaciones a la titularidad de las acciones o beneficiarios finales, para las entidades residentes es de 30 días corridos. Teniendo las entidades con las mismas características pero que sean “no residentes”, un plazo de 90 días corridos.

El proyecto Ley de Presupuesto Nacional prevé que los plazos antes mencionados se computen día hábiles y no corridos, tal como son computados al día de hoy.

Mediante Reglamentación de la norma, el Poder Ejecutivo podrá establecer otros plazos para las comunicaciones ante el BCU, para determinados casos especiales.

 

Por más información contacte a nuestro Dpto Notarial: Esc. Diego Dos Reis o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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El pasado 13 de octubre fue aprobada una prórroga acerca de la obligatoriedad de contar con los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo para las empresas con menos de 300 trabajadores.

Los nuevos plazos son:

  • al 1° de noviembre de 2021, para las empresas que tengan entre 50 y 300 trabajadores.
  • al 1° de noviembre de 2022, para las empresas que tengan entre 5 y 50 trabajadores.

 Decretos vinculados:

  • Decreto N° 126/019 aquí
  • Decreto del 13/10/2020 aquí

 

Por más información o asesoramiento contacte en nuestro Dpto. de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a: Lic. Javier Sosa a través del correo rrhh@estudiokaplan.com

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Es usual que los primeros años de un negocio o en función del mercado, el resultado fiscal de una empresa sea de pérdida. Este resultado fiscal de pérdida, inicialmente, se podía descontar el 100% y, a partir de la vigencia del IRAE (01.07.2007), hasta los 5 ejercicios siguientes.

A partir del 01.01.2017, se limitó la deducción de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores al 50% de la renta neta fiscal, implicando que, a pesar de tener pérdidas fiscales, la empresa tenga que pagar IRAE por el 50% de la renta neta fiscal obtenida. De esta forma, el consumo de las pérdidas fiscales se dilataba en el tiempo al no poder descontar el 100%, sino el 50% del resultado obtenido y esto podía provocar que no se consuma el 100% por superar los 5 años desde que se generaron.

Actualmente se encuentra en el parlamento el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, en el que en uno de sus artículos propone derogar la limitación antes expuesta, es decir que se podrán descontar el 100% de las pérdidas fiscales para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2020.

Ejemplo:

Renta neta fiscal: $ 1.000

Perdidas ejercicios anteriores: $2.000

RT 02 B42 Perdidas fiscales Magalí

 

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Uno de los artículos incluidos en la Ley de Presupuesto 2020/2024 remitida al Parlamento en agosto de este año (artículo 631), modifica el régimen del ingreso de automotores para nuevos residentes.

Actualmente, los extranjeros que vienen a Uruguay para residir en forma permanente, ingresan libre de gravámenes, objetos y bienes usados de carácter personal y para uso doméstico

Sólo los extranjeros jubilados y los uruguayos con más de dos años de residencia en el exterior, que decidían residir permanentemente en Uruguay, por única vez ingresaban libre de gravámenes un vehículo automotor.

En cambio, el artículo mencionado prevé, alcanzar con el mismo beneficio a quienes cumplan con estas condiciones;

  • Residencia permanente a partir del 1 de enero de 2020, y
  • Migrantes del Mercosur que ingresen al país para residir en él en forma definitiva hasta el 31 de marzo de 2021.

El vehículo automotor no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de dos años a contar desde su ingreso a la República.

 

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Con el fin de enfrentar la pandemia y mantener el funcionando del sector productivo, el Poder Ejecutivo ha implementado políticas económicas para proteger a los sectores mayormente afectados por la disminución de la actividad económica.

El sector turístico ha sido uno de los sectores más afectados, por la declaración de emergencia nacional con el cierre de fronteras. Por esta razón, con el ánimo de promover el turismo interno y contribuir a una mejora en las condiciones de competencia del sector, fueron establecidas las siguientes medidas a partir del 16 de noviembre y hasta el 4 de abril 2021:

  • Reducción de 9 puntos porcentuales en el IVA en operación con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, o instrumentos electrónicos para:
    1. Servicios gastronómicos (restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té y similares), como también los prestados por hoteles, moteles, apart hoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo, granjas turísticas, posadas de campo, casas de campo y camping hostels.
    2. Arrendamiento de vehículos sin chofer.
    3. Servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico.
  • Se extiende el régimen de exportación a los servicios de hospedaje para residentes. El servicio de alojamiento para los consumidores finales no se encontrará gravado con IVA.

A su vez, fue publicado recientemente el Proyecto de Ley, donde se establecen las exoneraciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) a los arrendamientos temporarios de inmuebles con fines turísticos.

 

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Novedades - Cambios en el Régimen de Proyectos de Inversión COMAP

Compartimos algunos comentarios preliminares, a la espera de las circulares COMAP que reglamentarán estos cambios:

 

  

 

 

1. Posibilidad de que proyectos presentados a partir de Mayo del 2020 puedan ampararse al nuevo decreto.

2. Inversiones elegibles: ejecutados durante el ejercicio económico de presentación del Proyecto o, hasta los 6 meses anteriores (a opción de quien presenta el proyecto).

3. Ya no hay más topes de inversiones ejecutados antes de la presentación del Proyecto.

4. Se aumenta el plazo en el cronograma de inversiones llevándolo a 10 años.

5. Se aceptan mejoras fijas en inmuebles de terceros, siempre y cuando quede un plazo de contrato de alquiler no menor a 3 años.

6. Control de indicadores: 3 años con un control de los mismos al cierre del período y pudiendo pedir una prórroga en algún año de bajos indicadores.

7. Se puede descontar anualmente hasta el 90% del IRAE en la medida que se hayan efectuado las inversiones.

8. En la devolución de IVA, se agrega la devolución de IVA sobre bienes muebles mediante certificados, al igual que los exportadores. Se sigue devolviendo el IVA sobre los bienes y servicios destinados a la obra civil.

9. Sigue existiendo un sistema de incentivos a las micro y medianas empresas. (Es el único ítem en el cual desmejora un poco la situación en relación a lo anterior).

10. Plazo mínimo de aprovechamiento del proyecto 4 años.

11. No se establecen topes para ampliaciones. Ahora se pueden presentar durante el plazo de exoneración del IRAE. Veremos qué dirá la reglamentación al respecto.

12. Se mantiene lo establecido en relación a estímulos para inversiones realizadas entre el 01/04/2020 y el 31/03/2021 y, para nuevos proyectos que se presenten a partir de este decreto.

 

Apenas se conozcan las circulares de cómo calificar los proyectos, les acercaremos nuestros comentarios.

Adelantamos que, se va a establecer un sistema matricial de calificación basado en los siguientes indicadores: Generación de Empleo, Descentralización, Aumento de exportaciones, Tecnologías Limpias, Investigación y Desarrollo e Innovación (I+ D+i) e indicador Sectorial.

Además, la COMAP, establecerá un Régimen simplificado para la asignación del puntaje al indicador empleo, teniendo en cuenta el número de puestos de trabajo a crear (promedio anual). Se dispone un puntaje mínimo para acceder a la declaratoria promocional en función al monto de la inversión del proyecto.

El próximo 14 de octubre, 11hs brindaremos un Webinar desarrollando más ampliamente este tema, para participar puede registrarse aquí

 

Ante cualquier consulta o para ampliar información, no vacile en contactar a su profesional de referencia en Estudio Kaplan.

Nuevas medidas, nuevos actores, dinamizando la economía.

Por Cr. Alfredo Kaplan – Director de Estudio Kaplan

Asesor financiero y tributario de APPCU.

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Con el objetivo de flexibilizar la residencia fiscal en Uruguay, se han realizado modificaciones a la normativa vigente.

Fueron agregadas dos nuevas condiciones: inversiones en inmuebles con un valor superior U$S 360.000 adquiridos con posterioridad al 1 de julio del 2020 y permanencia en el país de 60 días en el año civil; o participación en una empresa con un valor superior a U$S 1,6 millones que generen al menos 15 nuevos puestos de trabajo.

 

Recordemos que, las personas físicas que adquieran la residencia fiscal en Uruguay podrán optar por tributar IRNR por el periodo de 5 años. Como este impuesto no grava los rendimientos de capital inmobiliario provenientes del exterior, al realizar la opción estos contribuyentes no pagarían impuestos por estos rendimientos. 

La semana anterior fue aprobado por el Senado, el proyecto de ley que extiende de 5 a 10 años el período de exoneración de impuestos que comentamos.

A su vez, se plantea otra opción para el residente fiscal.  Podrá optar por tributar IRPF a una tasa del 7% por intereses y dividendos que obtenga del exterior.

Estas opciones podrán ser aplicadas desde el ejercicio fiscal 2020.

 

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El Articulo 221 de la Ley 19889 sustituyó el Articulo 35 de la Ley 19.210.

En el mismo se establece la Libertad Financiera y sus límites en cuanto a la entrega de dinero y los pagos de las operaciones y negocios jurídicos a partir de su entrada en vigencia.

La Ley deroga todos los Artículos referentes a los medios de pago que se utilizaban para los negocios jurídicos y operaciones en las que el monto superaba las 40.000 UI.

 

Una gran modificación es que permite el PAGO MIXTO. Puedo pagar un precio con dinero efectivo hasta 1.000.000 UI tomando el valor de la UI al primer día del mes del otorgamiento del negocio. En caso de un negocio jurídico en el que el precio sea superior al monto antes referido, hasta dicha suma se puede pagar en efectivo y el saldo de precio podrá pagarse con cualquiera de los medios de pago admitidos en plaza, transferencias, depósitos en cuentas, cheques, letras de cambio, etc.

La LIF exigía las Letras de Cambio cruzadas a nombre del Adquirente para pagar un precio; con la entrada en Vigencia de la LUC las letras de cambio podrán estar a nombre de otra persona y no es necesario cruzarlas.

El organismo de contralor de cumplimiento, serán los Registros Públicos, quienes no inscribirán el documento de forma definitiva si no se cumple con lo establecido por la Ley, y si no se individualizan los medios de pago utilizados.

Es fundamental individualizar el medio de pago, si se pagó con efectivo por el monto permitido antes dicho, se deberá mencionar en el documento.

En cuanto a las Operaciones con saldo de precio, no se exige individualizar el medio de pago que se utilizará para cancelar el precio y como consecuencia, no es necesario identificar el número de cuenta. Sera suficiente establecer que los pagos se harán de acuerdo a los artículos 35 y 35 bis.

En caso de una compraventa en cumplimiento de promesa se deberá individualizar los medios de pago utilizados para cancelar el saldo de precio.

En definitiva, se deberá analizar cada caso en concreto para saber cómo operar y es importante dejar constancia en la escritura del cumplimiento con la LUC ya que, si bien no se aplican sanciones, la consecuencia del no cumplimiento con la LUC conlleva a la no inscripción definitiva del documento, no permitiendo levantar la observación.

 

Por más información contacte en el Área Notarial a: Esc. Diego Dos Reis o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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En esta oportunidad nos remitiremos a los aspectos tributarios establecidos en la LUC, pero antes me gustaría realizar dos comentarios sobre la norma.

 

 

 

 

 

  1. Nos encontramos ante una ley de gran significación tanto por el contexto, por la cantidad de temas, como por la cantidad de artículos (476). Llama la atención que el volumen de artículos dedicados a impuestos sea tan solo de 7, adicionalmente todo parece indicar que los mismos son de escaso impacto cuantitativo en la recaudación total.
  2. Si bien la ley no tiene grandes implicancias respecto a la recaudación fiscal, no quisiéramos dejar la impresión que la misma no contiene aspectos extremadamente relevantes, de hecho y a mi juicio  se la podría denominar sin inconvenientes la  “ley de la libertad”, con aspectos tan importantes como la libertad de circulación, de trabajo, de propiedad comercial, de defensa personal de los ciudadanos  ante la delincuencia, libertad de elección de la forma de pago en transacciones comerciales, etc.

Entrando en terreno, podemos decir que la ley cubre tres aspectos a nivel tributario:

      1.  El primero referido al pago del IVA mínimo a abonar por las pequeñas empresas que inician actividades.

Para aquellos contribuyentes de este impuesto, el ajuste normativo se refiere solamente a los plazos de su utilización. En la nueva ley se consideran tal como en la anterior, pagos bonificados anuales.

La diferencia consiste que en la anterior ley se consideraban ejercicios cerrados mientras que la nueva ley considera periodos de 12 meses. A continuación, un cuadro resumen de los montos a pagar.

RT 01 39 A


      2.
 
El Segundo referido a la exoneración de los aportes patronales para las pequeñas empresas.
 

Se cambia también el periodo en lugar de por ejercicio cerrado se considera por periodo de 12 meses. A continuación, un cuadro con periodo y porcentaje de exoneración.

RT 01 39 B

     3.
 
El tercero referido a la inclusión de una nueva entidad a la lista de beneficiarios de donaciones amparados en los artículos 78 y 79 de la ley referida al IRAE.
Se incluye en el régimen al Fondo Nacional de Recursos y la donación se deberá destinar exclusivamente a financiar prestaciones y medicamentos al precio.

 

Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cr. Jorge Valdez o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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En el siguiente informe, analizaremos la forma de liquidación del impuesto a la renta de determinadas empresas, combinado con algunos puntos a tener en cuenta a la hora de asumir gastos que pueden variar el impuesto final que vuelcan al fisco y hacer más eficiente los gastos fiscalmente.

Como ya hemos visto en boletines anteriores, en cuanto a la forma de liquidación del impuesto, aquellos contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad suficiente (dependiendo de ingresos y forma jurídica) podrán optar por tributar de manera REAL, o FICTA

Según la composición de ingresos y gastos, dependerá la forma de liquidación que más le convenga.

Por eso es recomendable analizar los gastos, ingresos, y circunstancias específicas de cada empresa

Tal es el caso, por ejemplo, de un arrendamiento, que, dependiendo de la tributación del arrendador, dependerá la deducibilidad del gasto. Si el arrendador tributa IRAE, podrá deducir un 100% el gasto, mientras que, si la contraparte tributa IRPF, podrá deducir un 48% del mismo, en la liquidación REAL del impuesto. Mientras que para la liquidación FICTA no tiene implicancia, ya que de ninguna manera se deducirá el gasto.

En cuanto a si es un arrendamiento con una persona física no residente, dependerá del impuesto efectivo que pague vía retención o en el exterior por dichas rentas.

Ilustramos en un ejemplo numérico, en el cual ambas empresas con la misma composición de ingresos y costos, pueden optar por tributar de estas dos formas REAL o FICTA y la implicancia de la deducibilidad del gasto:

RT 02 39 Cuadro

*Dentro de los Gastos de administración y ventas podemos diferenciar un arrendamiento del local comercial, por $ 480.000 anual.

En el caso de la empresa A, el arrendador es una persona física residente que tributa IRPF.

En el caso de la empresa B, el arrendador es una persona jurídica que tributa IRAE

Liquidación Real Empresa A  

8.000.000 – 6.000.000 – 520.000 – (480.000*48%) = 1.249.600 * 0.25 = $ 312.400 IRAE

Liquidación Real Empresa B

8.000.000 – 6.000.000 – 520.000 – 480.000 = 1.000.000 * 0.25 = $ 250.000 IRAE

Liquidación FICTA, tanto para la Empresa A como para la Empresa B:

8.000.000 * 0.132 = 1.056.000 *0.25 = $ 264.000 IRAE

A la empresa A  le conviene realizar su liquidación de forma FICTA.

Mientras que a la empresa B le conviene realizar su liquidación de forma REAL.

Esta es uno de los análisis que deberán hacerse a la hora de la toma de decisiones, tanto para la forma de liquidación, como para incurrir en gastos significativos que tengan impacto fiscal.

 

Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cr. Agustín Rivero  o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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Según Resolución 1251/2020 del 16/07/2020, se establece que los sujetos pasivos (salvo los Grandes Contribuyentes), obtendrán una nueva prórroga de los vencimientos para que realicen los pagos de algunas obligaciones específicas relacionadas con los anticipos de IRAE, IP y de ICOSA.

Para ello, las empresas no deben de superar en sus ventas, servicios y demás rentas brutas del ejercicio anterior en un monto mayor a los 6.000.000 UI (la cotización de la UI se toma a la fecha del último cierre de ejercicio).

Un dato a tener en cuenta es que este beneficio no toma en cuenta los pagos del IVA mensual, como tampoco saldos de IRAE, IP y el ICOSA, ni las retenciones como responsables.

A continuación, se realiza un cuadro detallado para una mejor visualización de las facilidades mencionadas:

RT 03 39 Cuadro


Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cr. Guillermo Troya
o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan. 

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Mediante la Resolución 1024 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se creó un régimen especial de subsidio por desempleo para jornaleros y destajistas.

RL 01 39 Cuadro

 

Por más información o asesoramiento contacte en nuestro Dpto. de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a: Lic. Dayhanna Sena a través del correo 

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Mediante la Resolución 993/020 del 17 de julio, se extendió el plazo de vigencia del régimen especial de subsidio por desempleo para los trabajadores mensuales hasta el 30 de setiembre del 2020.

 

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El Banco de Previsión Social (BPS) informó, a través de un comunicado, acerca de un régimen de facilidades para el pago de los aportes personales y patronales de las actividades de industria y comercio, que alcanza a todas las empresas unipersonales como también a las sociedades de hecho comprendidas en los regímenes de monotributo o monotributo social Mides.

Los contribuyentes podrán convenir las obligaciones corrientes por aportes personales y patronales generadas desde el mes de cargo febrero 2020 (se pueden incluir los aportes financiados – financiación Coronavirus -) y hasta tanto se mantenga vigente la emergencia sanitaria.

Aspectos a tener en cuenta:

  • Podrán financiarse únicamente las obligaciones por los meses en que la empresa no haya tenido trabajadores dependientes en actividad ni amparados a subsidios.
  • La financiación podrá realizarse hasta en 36 cuotas mensuales en moneda nacional, cuyo importe no podrá ser inferior al 20 % de las obligaciones corrientes patronales a la fecha de la suscripción del convenio.

 

Por más información o asesoramiento contacte en nuestro Dpto. de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a: Lic. Dayhanna Sena a través del correo 

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A continuación, se detallan los aspectos más importantes del Decreto que implementa este nuevo beneficio.

Beneficio económico

Se trata de un aporte estatal no reembolsable de $ 5.000 mensuales por el término de tres meses.

 

 

Condiciones de percepción

Por cada trabajador reintegrado comprendido en el subsidio por desempleo por la causal suspensión total. Los trabajadores reintegrados deberán haber estado percibiendo la prestación por desempleo al 31 de mayo de 2020.

Por cada nuevo trabajador incorporado, siempre que la empresa no registre trabajadores en el subsidio por desempleo al 31 de mayo de 2020, cualquiera fuere la causal, excepto el régimen especial de desempleo parcial (reducción de jornadas u horario de trabajo para trabajadores mensuales).

El reintegro o incorporación de estos trabajadores deberá realizarse entre el 1° de julio y el 30 de setiembre de 2020.

IMPORTANTE: el beneficio estará sujeto a la conservación de los puestos de trabajo de los trabajadores reintegrados o incorporados durante la vigencia del mismo.

Instrumentación del beneficio

Se encomendó al Banco de Previsión Social (BPS) la ejecución e instrumentación del mismo. El organismo compensará el crédito resultante del aporte estatal, con obligaciones tributarias de la empresa, acreditándose el beneficio en la cuenta de la misma.

Aún no hay comunicación por parte del organismo con respecto a la implementación.

Término del beneficio

Cesará el derecho a percibir el aporte estatal cuando existan trabajadores de la empresa beneficiaria que se hayan amparado al subsidio por desempleo bajo cualquier modalidad con vigencia posterior al 1° de julio de 2020.

Dicho aporte no será acumulable con cualquier prestación, subsidio o exoneración tributaria vinculada al fomento del empleo y relacionada con el trabajador reintegrado o incorporado.

Financiación

Este aporte se financiará con cargo al Fondo Solidario COVID-19.

 

Por más información o asesoramiento contacte en nuestro Dpto. de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a: Lic. Dayhanna Sena a través del correo 

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RENTAS DE FUENTE INTERNACIONAL (RFI)

A nivel de Imposición a la Renta (IR) Uruguay grava las rentas provenientes de actividades desarrolladas en el país, entonces ¿qué sucede si una sociedad local realiza su actividad desde el exterior? No debería pagar IR. Sin embargo, compartible o no, tanto DGI como el TCA han entendido que al existir actividades de tenor administrativo en el país (contabilidad, facturación, liquidación de impuestos), al menos una porción de la renta generada deberá considerarse comprendida en el IR.

TRADING DE SERVICIOS

Un caso expresamente previsto a nivel normativa (Resolución 51) es el de las actividades de trading, tanto de bienes como de servicios, nos centraremos en este último ya que es el que ofrece mayor riqueza en su análisis.

• Actividades Comprendidas:

Para quedar comprendido en la hipótesis de trading de servicios se deberá cumplir tres aspectos:

1) Debe tratarse de una actividad de intermediación – reventa del servicio.

2) El servicio debe ser prestado en el exterior y utilizado económicamente también en el exterior.

3) La comercialización del mismo debe agotar la fuente productora de rentas.

• Determinación de la Renta Gravada:

IRAE = (Precio de Venta – Precio de Compra)*0,75%.

• Antecedentes Administrativos:

RT 01 cuadro

DESTACADO

> La Resolución 51 ofrece un ficto opcional, ¿es la proporción justa? Dependerá de cada situación, lo que si es cierto es que ofrece un cierto grado de Seguridad Jurídica en contraste con la incertidumbre que puede tener el contribuyente en otro escenario.

> De no ser aplicable Resolución 51 se deberá determinar la Renta Gravada en base a “algún criterio técnico adecuado” que podrá ser auditado en forma previa o posterior por la DGI.

 

Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cr. Piero de los Santos o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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Extensión del subsidio especial por desempleo parcial para trabajadores mensuales:

Mediante la Resolución 593/020 se extendió el plazo de vigencia del régimen especial de subsidio hasta el 31 de julio del 2020.

Si bien esta es la información oficial, el ministro de trabajo Pablo Mieres anunció que tienen previsto extenderlo hasta el mes de setiembre.

 

 

Extensión del subsidio a titulares de Monotributo Social MIDES:

El Poder Ejecutivo anunció que se prorrogará este subsidio por los meses de junio y julio (anteriormente cubrió los meses de abril y mayo). 

La suma del mismo asciende a 1.5 BPC ($ 6.779) mensuales y no debe ser reintegrado.

 

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Acta del Consejo Superior Tripartito

A continuación, resumimos los principales aspectos de los lineamientos de la octava ronda salarial. El contenido fue parcialmente modificado con respecto a lo publicado con anterioridad.

Correctivo final por inflación previsto en la séptima ronda

Los sectores cuyos convenios vencen dentro del denominado “período puente” deberán aplicar los correctivos por inflación previstos en cada caso.

Se acordó mantener los beneficios anteriores, excepto aquellos que fueron otorgados por única vez, así como las cláusulas obligacionales incluidas en los acuerdos.

 

Octava ronda salarial

  • Plazo de vigencia: 1 año para aquellos acuerdos cuyo vencimiento se produce entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2020.
  • Aumento nominal fijo de 3%. A partir del primer día del séptimo mes de producido el vencimiento del convenio dentro del período 30 de junio - 31 de diciembre, salvo para aquellos sectores que a noviembre de 2020 registren un número de cotizantes igual o inferior al 90% de los cotizantes registrados en noviembre de 2019, que aplicarán el aumento referido a partir del primer día del décimo mes.

      Ej.: si el acuerdo venció el 30 de junio, aplicará el aumento el 1° de enero de 2021, o el 1° de abril de 2021, si fuera de los sectores afectados (caída del empleo/cotizantes igual o superior al 10% interanual). 

  • Aquellos trabajadores con salarios nominales iguales o inferiores a $ 22.595 recibirán, en la oportunidad que corresponda, un aumento adicional de 1%.
  • Correctivo final de la octava ronda. Se propone un correctivo nominal equivalente a la inflación del año móvil que en cada caso corresponda, descontando el aumento salarial fijo otorgado en el período y descontando, además, la caída del PBI en el año 2020.

      El aumento adicional del 1% para salarios hasta $ 22.595 no se descontará de este correctivo.

  • Pérdida del salario real. La pérdida del poder adquisitivo verificada al finalizar dicha ronda, será recuperada en posteriores negociaciones en la medida que las condiciones de crecimiento lo permitan. El salario real perdido empezará a recuperarse a partir del 1° de enero de 2022 si la evolución del PBI del año 2021 indica crecimiento.
  • Los sectores construcción, salud y transporte de pasajeros se considerarán de forma independiente.

      El Consejo Superior Tripartito solicita a los Consejos de Salarios de los distintos grupos de actividad que atiendan estos lineamientos dadas las circunstancias excepcionales de la coyuntura actual.

 

Por más información o asesoramiento contacte en nuestro Dpto. de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a: Lic. Dayhanna Sena a través del correo  

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En el mes de Junio inició la nueva campaña de DGI para la presentación de la Declaración Jurada de IRPF. Por esta razón es importante evaluar los siguientes puntos.

  • ¿Estoy exonerado de la presentación?

Están exonerados los trabajadores dependientes con un único ingreso que no superaron en el año pasado los $654.795 nominales y que a la vez no optaron por la reducción del 5% en los anticipos por el régimen de núcleo familiar.

Asimismo, sin superar ese monto, pero teniendo ingreso de más de un empleador, hayan presentado el formulario 3100 indicando la no aplicación del mínimo no imponible, si correspondiera, quedarán exonerados.

También los que sí superaron los $654.795 nominales pero que percibieron ingresos en el mes de diciembre 2019, por lo tanto la empresa ya realizo el ajuste anual,  simultáneamente no optaron por la reducción del 5% por el régimen de núcleo familiar.

Por último, están exonerados los trabajadores que presten servicios personales fuera de la relación de dependencia que no hayan tenido ingresos en el año 2019.

  • ¿Entonces, a quien le corresponde declarar?

Los trabajadores con más de un empleador que hayan superado los $654.795 nominales en el año. También los que tuvieron un solo empleador en el año, superaron el monto mencionado, pero no percibieron ingresos en el mes de diciembre.

Los trabajadores profesionales y no profesionales que hayan prestado servicios fuera de la relación de dependencia y no hayan tributado IRAE.

Las personas físicas con ingresos correspondientes a arrendamientos que no fueron objeto de retención y que no hayan realizado los anticipos mensuales.

  • ¿Cómo declaro mi alquiler o un préstamo hipotecario?

En el caso del alquiler el crédito fiscal es equivalente al 6% del precio del alquiler efectivamente pagado en todo el año pasado, aun cuando el contrato no abarque la totalidad del año.

Para completar dicha declaración deberá tener los pagos efectuados por alquiler de la vivienda en 2019 e identificar al arrendador (es decir al propietario del inmueble). El plazo del contrato debe ser por un plazo igual o mayor a un año. 

Para incluir la cuota hipotecaria en la declaración jurada uno de los requisitos es que el costo de la vivienda no haya superado las 794.000 UI y a su vez el monto máximo a deducir no podrá superar las 36 BPC anuales.

Para hacer la declaración necesitará el padrón del inmueble y lo efectivamente pagado por cuotas durante 2019.

  • Por último pero no menos importante, si tengo un saldo a cobrar, se puede concurrir a una red de cobranzas o mediante al banco que se haya elegido. En caso de que el saldo a cobrar supere las 10.000 UI si o si deberá elegir una institución bancaria para acceder a ese dinero.
  • Si luego de realizar la declaración jurada surge un saldo a pagar, la misma se podrá realizar hasta en 5 cuotas iguales y consecutivas. Siendo la primera a pagar el 26 de agosto.

 

Por más información o asesoramiento contacte en nuestro Dpto. de Recursos Humanos y Relaciones Laborales a: Ma. Pía Montoro a través del correo  

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Siguiendo la política de promoción de inversiones, el Poder Ejecutivo flexibilizó la obtención de la residencia fiscal en Uruguay. Estas nuevas condiciones, al igual que las anteriores aplican para todas las personas interesadas en la obtención de la residencia fiscal de cualquier país.

Sin embargo, desde Argentina luego de celebradas las elecciones PASO en agosto, y los cambios tributarios incorporados recientemente, Uruguay es visto como una alternativa fiscal.

 

Las nuevas causales se configuran en el concepto de intereses económicos y aplicarán a partir del 1 de julio 2020.

¿Cuáles son?

  • Inversiones realizadas en inmuebles con un valor superior a U$S 376.000 aprox. y permanencia física efectiva en el país de al menos 60 días en el año civil.
  • Participación directa o indirecta en una empresa, por un valor superior USD 1.605.000 aprox., y la creación de 15 nuevos puestos de trabajo.

Aspectos a tener en cuenta en la planificación patrimonial desde la Argentina:

  • La pérdida de la residencia fiscal se considera por dos causales; adquiriendo la condición de residente permanente en un Estado extranjero o, si se verifica la permanencia en el exterior durante un período de 12 meses.
  • Doble residencia fiscal, ambos países en su normativa como en el CDI suscripto, establecen un orden cuando se configura esta situación; considerando que las personas serán consideradas como residentes en la Argentina:
    • Si su vivienda permanente está en la Argentina, si mantienen viviendas permanentes en ambos países, cuando su centro de intereses vitales se ubique en Argentina.
    • Si no puede determinarse la ubicación del centro de intereses vitales, cuando habiten en forma habitual en la Argentina.
    • Si permanecieran igual tiempo en ambos países, cuando sean de nacionalidad argentina.
  • Vacaciones Fiscales.

El Poder Ejecutivo recientemente remitió al Parlamento para su estudio, un Proyecto de Ley que apuesta a la extensión del “Tax Holiday” en Uruguay.

Recordemos que, de acuerdo al régimen vigente las personas físicas que adquieran la residencia fiscal en la República, tienen la posibilidad de optar por tributar el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) por los rendimientos de capital mobiliario originados por colocaciones en el exterior, lo que conlleva a evitar la gravabilidad sobre los mismos.

Esta situación se puede mantener por un “período ventana” que comprende el ejercicio en que se verifique el cambio de residencia y los 5 ejercicios fiscales siguientes.

Sin embargo, este nuevo proyecto viene a proponer dos opciones para aquellos sujetos que configuren la residencia fiscal a partir del ejercicio 2020:

Optar por tributar IRNR por los rendimientos de capital de exterior, pero extendiéndose el plazo actual de 5, a 10 años. Permitiéndose incluso que aquellas personas que habiendo adquirido la residencia con anterioridad al cambio y haciendo uso del “periodo ventana”, puedan optar nuevamente por tributar IRNR, deduciendo los ejercicios fiscales por los cuales ya se hizo uso de la opción.

Optar por tributar IRPF a la tasa reducida del 7 % por los rendimientos de capital mobiliario del exterior desde el ejercicio en que se adquiera la residencia fiscal. Es importante tener en cuenta que no se establece un límite temporal por lo que, de haber ejercido esta opción, se aplicaría en forma indefinida.

 

Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cra. Andrea Cartelle y Cra. Florencia Gomez o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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Como parte de la batería de medidas que se han venido adoptando con el fin de reactivar la economía, el Poder Ejecutivo (Decreto 151/020) resolvió una serie de beneficios transitorios que incrementarán las franquicias fiscales obtenidas en los proyectos de inversión promovidos.

A continuación un resumen de ellas:

 

 

 

1) BENEFICIO INCREMENTADO EN PERÍODOS ESPECÍFICOS

En la búsqueda de incentivar las inversiones en un período complejo, se establece que las realizadas en el período 01/04/2020 – 31/03/2021 computarán por una vez y media su valor, siendo el 50% adicional un mayor beneficio a efectos de IRAE que no será descontado del otorgado por Resolución.

RT 02 Cuadro 1

2) % IRAE ADICIONAL - Proyectos presentados en ciertas fechas:

RT 02 Cuadro 2 

3) AMPLIACIÓN DE TOPE O SUSPENSIÓN DEL PLAZO - Opción

RT 02 Cuadro 3

 

DESTACADO:

Tick   Una correcta planificación y conocimiento de las disposiciones permitirá optimizar los beneficios fiscales en el marco de un proyecto de inversión.

Cruz Limitaciones a la deducción de Pérdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores (PFEA) desde el año 2017 limitan el aprovechamiento de estos beneficios, incluso en ciertas circunstancias, gravando rentas inexistentes en vulneración del principio de capacidad contributiva.

 

Por más información contacte a nuestro Dpto de Consultoría e Impuestos: Cr. Piero de los Santos o a su profesional de referencia dentro de Estudio Kaplan.

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Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual pensamos oportuno repasar un tema que, de seguir las recomendaciones que mencionaremos, podrá convertirse en una herramienta para suavizar el impacto del atraso en la cobranza de las ventas a crédito.

Es sabido que el legislador uruguayo ha optado por un sistema en el que se grava la riqueza en sus tres expresiones: cuando se genera (IR), cuando se ahorra (IP) y cuando se consume (IVA).  En consecuencia, cuando se vende a crédito se genera un triple impacto impositivo.

Pero ¿qué sucede cuando, en base a circunstancias posteriores, no se efectiviza la cobranza de esos créditos?

La respuesta es que en tanto se verifiquen las causales fiscales, podrán recuperarse los impuestos pagados.

CAUSALES FISCALES DE INCOBRABILIDAD

1) Sentencia de la declaratoria judicial de concurso.

2) Procesamiento por delito de insolvencia fraudulenta.

3) Cheques sin fondos, a condición que: se haga denuncia penal y se trabe embargo contra los bienes y derechos del deudor por tal adeudo.

4) El transcurso de 18 meses desde el vencimiento de la factura.

5) Causales de “análoga naturaleza”, con la siguiente cláusula antielusiva: que sean justificadas a criterio de DGI. Dado que ésta es la que ofrece mayor subjetividad en su análisis, a continuación presentamos una serie de antecedentes, los cuales como veremos, muestran que la DGI ha sido reacia respecto de esta causal:

RT02 B36

OBSERVACIÓN PRÁCTICA

 RT02 B 36

DESTACADO:

  • Es fundamental que los encargados de la administración lleven controles sobre las cuentas corrientes de sus deudores, a saber: Aging de deudores, composición de incobrables, control de la DC generada, etc.
  • Tomar las acciones judiciales pertinentes cuando se crea apropiado.
  • Asesorarse en cuanto a los criterios fiscales de computo de incobrables y deducciones a nivel de impuestos.

 

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A través de un comunicado, el Banco de Previsión Social (BPS) informó que  debido a la emergencia sanitaria, se modifican las fechas del cronograma que implementa la obligatoriedad en la presentación de las declaraciones juradas de no pago (DJNP) con firma electrónica, las que deberán remitirse a través del servicio en línea “Ingresar Declaración Jurada de No Pago”.

De esta manera, se establece esta obligatoriedad para todas las empresas que cuenten con cinco (5) o más cotizantes en el mes de cargo mayo, cuyas obligaciones se pagan en junio. Desde ese momento, las empresas no podrán ingresar DJNP en formato papel.

 

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Se aprobó en el ámbito tripartito el protocolo de prevención y actuación ante casos de Covid-19. El mismo será de aplicación para el grupo 10 (comercio en general), grupo 11 (comercio minorista de alimentación), grupo 12 (hoteles, restaurantes y bares) y grupo 19 (servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos no incluidos en otros grupos).

 

 

 

Este protocolo será aplicable temporalmente hasta que pase la emergencia sanitaria. Su contenido versa sobre medidas de prevención e higiene en general (cuidados en el establecimiento, admisión de personas, proveedores, personal dependiente, etc.) y cómo actuar ante casos sospechosos o confirmados de Covid-19.

Descargar Protocolo aquí

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