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Promoción de empleo para personas con discapacidad. Aplicación del decreto.

El 6 de marzo del 2019 se reglamentó la ley N°19.691 de promoción del trabajo para personas con discapacidad mediante el Decreto 73/019. (…)

Los empleadores de la actividad privada que cuenten con 25 o más trabajadores permanentes, en todo nuevo ingreso de personal producido a partir del 18 de noviembre de 2018, deberán emplear a personas con discapacidad que reúnan condiciones y la idoneidad para el cargo, en los siguientes porcentajes aplicados sobre la totalidad de sus trabajadores permanentes: Continúa leyendo…

 

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Área Laboral:

Newsletter Laboral | Promoción de empleo para personas con discapacidad. Aplicación del decreto.

Leer aquí

Atención: Promotores inmobiliarios, Empresas Constructoras, Inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, fiduciarios, proveedores de servicios societarios (directores, apoderados, entre otros).

 

Recordamos que el próximo 18/2/2019 vence el plazo para inscribirse en la SENACLAFT, este registro es obligatorio y se debe designar a una persona responsable del cumplimiento.

 

Descargar instructivo para inscribirse: aquí.

Ante cualquier duda sobre el registro puede dirigirse a nuestro profesional especializado: Cr. Andrés Segal:

 

¿Conoce sus obligaciones como Sujeto Obligado y las sanciones previstas por incumplimiento?

Opcionalmente podemos informarlo y ayudarlo a cumplir sus obligaciones, actuando como “Oficial de Cumplimiento” de su empresa, brindando un servicio ajustado a sus necesidades. Contáctenos para ampliar información y poder cotizarle.

 

CONSULTORIA Y SERVICIO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO LAFT PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR NO FINANCIERO.

Brindamos asesoramiento y apoyo en la implementación de políticas y procedimientos para la administración del riesgo y de debida diligencia para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

  1. Registro ante la SENACLAFT
  2. Diagnóstico en materia de Prevención de Lavado de Activos
  3. Valorización de Riesgos del cliente.
  4. Debida Diligencia del cliente
  5. Elaboración de Matriz de Riesgo
  6. Elaboración de Manual de Prevención.

 

Se modificó la responsabilidad decenal en la Construcción.

El pasado 21 de diciembre por Ley N° 19.726 se modificó el artículo 1844 del Código Civil que regula la denominada responsabilidad decenal de arquitectos, ingenieros, constructores y empresarios de edificios.

 

 

Dicha ley mantiene la responsabilidad decenal para los sujetos indicados, solo en aquellos casos en que los defectos o vicios -en todo o en parte- afecten la estabilidad o solidez del edificio, o lo hagan impropio para el uso pactado, por vicio de la construcción o del suelo, o por una incorrecta dirección de la obra, por defectos de cálculo o por la mala calidad de los materiales, haya suministrado éstos o no el comitente.

Podrán exonerarse de responsabilidad si acreditan que el vicio o defecto se produjo por una causa extraña no imputable, con excepción de la calidad de los materiales que, aunque hayan sido suministrados por el comitente serán igualmente responsables por no haberlos rechazado.

Para los demás defectos o vicios solo serán responsables por espacio de cinco años, salvo en aquellos que afecten elementos de terminación o acabado de obras, donde la responsabilidad será por dos años, pudiendo exonerarse por cualquier causa no imputable a los sujetos indicados.

La responsabilidad se contrae no solo respecto del comitente sino también de los sucesivos adquirentes del edificio, y los plazos antedichos comienzan a computarse desde la recepción de la obra.

Respecto a la acción prescribe a los cuatro años para el comitente o sucesivos adquirentes del edificio para ejercerla judicialmente.

Finalmente, es menester destacar que se trata de una ley de orden público, por lo que no puede ser derogada por la voluntad de las partes a la hora de contratar.

La presente Ley N° 19.726 de responsabilidad decenal en la construcción entrará en vigencia el 1/1/2019, siendo aplicable el nuevo régimen a aquellos contratos de construcción celebrados con posterioridad a su vigencia, tal como lo estipula el Art. 3 de la norma.

Ley N°19.691 | Promoción del Trabajo para personas con Discapacidad

Recientemente se promulgó la Ley 19.691 dirigida a promover y facilitar la contratación de trabajadores afectados por discapacidad en el sector privado.

Brindamos a continuación un informe de los puntos más trascendentes.

 

Descargar informe aquí

Descargar la ley aquí

Conferencia: Prevención del Lavado de Activos

Reglamentación del Sector No Financiero - Decreto Nº 379/018

El pasado miércoles 19 de diciembre la Dra. Flavia Mazzuco y el Cr. Andrés Segal, llevaron adelante la conferencia referida. Compartimos a continuación la presentación y algunas imágenes del evento.

 

Presentación disponible aquí

 

Reglamentación del sector no financiero. Decreto Nro.379/018

El pasado 12 de noviembre el P.E. expidió el Decreto N°379/018, a fin de reglamentar los controles que deben aplicar los sujetos obligados del sector no financiero mencionados en el art. 13 de la “Ley Integral Contra el Lavado de Activos” N°19.574, a los efectos de dar cumplimiento con la obligación de efectuar reportes de operaciones sospechosas (ROS) de sus clientes.

 

 A continuación brindamos un informe sobre este tema: Descargar informe aquí.

Conferencia en Estudio Kaplan

El pasado 8 de noviembre contamos con la presencia de los prestigiosos doctores Serviliano Abache Carvajal y Gilberto Ateneo Valladeres, quienes disertaron sobre los NUEVOS RETOS DE LA FISCALIDAD INTERNACIONAL.

 

Compartimos algunas imágenes del evento:

 

 

Recientemente surgió un cambio en la Circular N° 2/017 del 8 de febrero de 2017, en la cual básicamente se establecía que para presentar un Megaproyecto era necesario tener el Permiso de Construcción aprobado.

Ahora se agrega que también se puede presentar con un Inicio Anticipado de obra de la totalidad del proyecto sin ningún tipo de restricción.

En relación a este tema adjuntamos circular: Descargar aquí

Recordamos a aquellos que posean acciones nominativas, que según establece la Ley Nº 19.484 de fecha 05/01/2017 (de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) TODAS LAS ENTIDADES RESIDENTES EN URUGUAY Y NO RESIDENTES CON ACTIVIDAD RELEVANTE EN URUGUAY están obligadas a:

1) IDENTIFICAR: al beneficiario final de las participaciones patrimoniales.

2) COMUNICAR: al Banco Central del Uruguay (BCU) sus beneficiarios finales, sean sus participaciones al portador o nominativas, debiendo identificar la/s personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control final sobre la entidad, incluso en caso de control indirecto a través de una cadena de titularidad.

 

A fin de cumplir con la primera de las obligaciones (identificar), es necesario que la sociedad implemente procedimientos para la identificación de sus beneficiarios finales y conserve la documentación que acredite quiénes son. LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO FINAL Y CONSERVAR LA DOCUMENACIÓN rige por un plazo mínimo de 5 años.

 

Las notificaciones al BCU deben realizarse a través del escribano de su empresa vía certificado digital, en los PLAZOS que se detallan según el tipo de participaciones patrimoniales que se trate:

  • SOCIEDADES CON PARTICIPACIONES AL PORTADOR: hasta el 30/09/2017.
  • SOCIEDADES CON PARTICIPACIONES NOMINATIVAS Y DEMÁS ENTIDADES: a partir del 01/05/2018 y hasta el 30/06/2018.

SANCIONES: Las entidades que incumplan con las referidas obligaciones, serán pasibles de multas pecuniarias de considerable dimensión (que se graduarán en función de la dimensión económica de las entidades y del plazo de incumplimiento). Además de las multas, tal incumplimiento será sancionado con la prohibición de distribuir utilidades y con la suspensión del certificado único de DGI.

 

Sugerimos en caso de dudas y también consultas de parte del escribano que intervenga por cada cliente, contactarse con su gerente de cuentas a los efectos que corresponda.

Brindamos a continuación información a tener en cuenta sobre los requerimientos de los principales organismos del estado, respecto a la presentación de estados financieros e informes profesionales.

Ante cualquier consulta puede contactarse con nuestro Dpto de Auditoria.

 

Descargar informe aquí

El pasado miércoles 2 de mayo, llevamos adelante la conferencia sobre las últimas novedades en la Ley de Inclusión Financiera (respecto de pago a proveedores, cobros a clientes por mercadería y/o servicios), y el Régimen de Promoción de Inversiones.

Compartimos imágenes del evento y dejamos a disposición la presentación del Cr. Alfredo Kaplan para descargar:

 

Galería de imágenes:

Presentación Cr. Alfredo Kaplan: descargar aquí

Conferencia en Estudio Kaplan

Últimas novedades en la Ley de Inclusión Financiera y en el Régimen de Promoción de Inversiones.

 

 Conferencia Ley Inclusión Financiera WEB

Luego de un 2017 “sin euforia ni depresión”, este año no habrá un nuevo empuje en el sector inmobiliario, y en el próximo se notará la ausencia de nuevos proyectos.

 

Compartimos nota del Director, Cr. Alfredo Kaplan:

Leer la nota aquí

A fin de tomar las previsiones del caso, recordamos que a partir del 1° de abril de 2018 está vigente la eliminación de efectivo en transacciones comerciales, siendo las más habituales el pago o cobro de facturas por mercaderías o servicios y el aporte de capital y/o retiro de socios o directores.

 

Es importante tener en cuenta que la multa por incumplimiento es del 25% del monto cobrado y/o pagado.

 

Brindamos a continuación un esquema explicativo (este régimen no aplica al pago de inmuebles o vehículos): 

Descargar cuadro aquí

Según informa BPS ya se encuentra disponible el servicio “Declaración Anual Servicios Personales Fonasa” para cumplir con la presentación de la correspondiente al ejercicio 2017, cuyo vencimiento se estableció al 30/04/2018.

Dejamos a disposición comunicado referente, así como una Guía conteniendo los principales aspectos operativos de la Declaración Jurada FONASA SP.

 

En el sitio web destinado a Servicios Personales, Declaración Jurada, se encuentran disponibles el instructivo correspondiente, así como videos tutoriales para facilitar el acceso y realización de la declaración.

 

Descargar aquí: Comunicado

Descarga aquí: Guía

PROYECTOS COMAP Y MEGAPROYECTOS

Frente a los cambios anunciados el 23 de febrero y otros temas de actualidad, expone el Asesor financiero de APPCU, Cr. Alfredo Kaplan.

 

 Charla Kaplan APPCU mail v2

Informamos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resolvió establecer el plazo máximo del que dispone cada empleador para registrar en la web del Banco de Previsión Social (BPS), los datos requeridos de acuerdo al decreto de Planilla de Trabajo Unificada (N° 287/017).

 

El calendario consigna el plazo de vencimiento según el grupo y subgrupo de actividad al que pertenece. (Ver Resolución con Calendario).

 
 
Las empresas comprendidas en los grupos de los Consejos de Salarios del 1 al 6, tendrán como plazo máximo hasta el 20 de abril de 2018 para el ingreso de datos sobre condiciones de trabajo.
 
Descargar Resolución y Calendario anexo: aquí
Informamos que mediante el decreto 352/017 del 19/12/2017 se modificó el decreto 263/015, que establece el cronograma y condiciones para el pago de remuneraciones a través de medios electrónicos.
 
Para el caso del servicio doméstico se establecen dos situaciones:
 
  • Para aquellos trabajadores registrados ante BPS como mensuales, la excepción que permite el pago en efectivo se extiende hasta el 31/03/2018.
  • Para aquellos trabajadores registrados ante BPS como jornaleros, la excepción que permite el pago en efectivo se extiende hasta el 31/12/2018.
 
Estas excepciones rigen siempre que exista acuerdo entre el patrón y el empleado.
 
Estos plazos no serán de aplicación en el caso de aquellos trabajadores cuyo empleador estuviera percibiendo al 31/12/2017 jubilaciones, pensiones o retiros de cualquier instituto de seguridad social, por lo que es posible la extensión de los plazos antes referidos.
 
Para poder cumplir con esta disposición, es necesario que los trabajadores posean una cuenta bancaria o una cuenta sueldo en cualquier institución de intermediación financiera que ofrezca dicho servicio o un instrumento de dinero electrónico.

El 23 de febrero surgieron una serie de pautas a efectos de un futuro decreto del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se van a crear estímulos adicionales a la inversión y el empleo.

 

En los próximos días les enviaremos un informe al respecto, sin perjuicio de esto, queremos comentar que en relación a los Megaproyectos por un lado se prorrogaría hasta el 31/12/2018 la posibilidad de presentación de los proyectos, dándole un plazo de 36 meses para la construcción de estas obras.

  

En el caso del departamento de Montevideo, además se disminuye el monto de la inversión a 90 millones de UI aprox. = 12 millones de USD. Por otro lado, puesto que los terrenos son más pequeños que en Punta del Este, se baja la relación de áreas de uso común (según circular 2/17 de la COMAP) sobre área de propiedad individual de oficinas y viviendas a un 15%. Recordamos que antes era de un 20%.

Informe MEF aquí


A la brevedad ampliaremos más información sobre este tema.

Al día de hoy, nos encontramos a 30 días de la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera Artículos 40 y 41 para la compraventa de inmuebles.

Vale la pena comentar que las permutas no se verán afectadas por la mencionada ley, ya que ésta aplica exclusivamente a las operaciones en que el pago se realiza en efectivo.

Todo hace parecer que no va a haber nuevas prórrogas, por lo cual si existen operaciones pendientes es conveniente firmarlas en el correr de marzo.

 

 

Decreto del 19/12/2017 aqui

En relación a los saldos a cobrar por ventas ya realizadas, la nueva reglamentación se aplica a compromisos firmados a partir del 1/4/2018.


Quedamos a las ordenes ante cualquier inquietud sobre el tema.

El miércoles 8 de noviembre tuvo lugar la primera edición de Uruguay Invierte, un innovador evento organizado por InfoCasas www.infocasas.com.uy, dirigido especialmente al público inversionista. Desarrolladores, inversores y expertos en Real Estate se dieron cita en Kibón Avanza durante una mañana dedicada a conocer los proyectos más atractivos para invertir hoy en nuestro país.

 

 

En una propuesta única que combina intercambio de conocimiento y oportunidades de negocio, Uruguay Invierte contó con tres expositores de lujo que dieron su visión sobre la inversión Uruguay y más de veinte proyectos con promociones exclusivas para asistentes al evento. 

  • 4 Speakers
  • 8 Desarrolladores
  • 20 Proyectos con promociónes únicas para los asistentes
  • Descuentos de hasta un 20% solo para asistentes.

 

 

alfredokaplan

Por Alfredo Kaplan

En estos últimos meses han surgido novedades desde el punto de vista tributario, las cuales pasamos a mencionar:

A) Cambios en el Régimen de Vivienda de Promoción Social - con la resolución 434/17 se introducen una serie de cambios en el sistema de Vivienda Social, la que ahora pasa a ser compra de Vivienda Promovida. Se establecen topes de precio aplicables solamente al 10% de las unidades, pero en cifras mucho más bajas que en los topes anteriores. A su vez, con la condición de que esas unidades pasen a disposición del Ministerio de Vivienda para que luego de terminadas, éste tenga la posibilidad de adjudicarlas a quienes considere conveniente. Las mismas van a pagarse en el mejor de los casos 1 año después de terminado el edificio y en cifras topeadas con una diferencia de valores al día de hoy, de más de U$S 30.000 por unidad, en relación al sistema anterior. Por otra parte, hay modificaciones en las exoneraciones por arrendamiento, mínimos cambios en las áreas de promoción y mejoras en cuanto al tema número de cocheras por programa habitacional. Todas estas modificaciones son para proyectos presentados a partir del 23/03/2017. En otras palabras no rige para la mayoría de los programas que fueron presentados antes de esa fecha.

Es claro que con esas disposiciones se frenó notoriamente la presentación de nuevos proyectos. Si bien los efectos no se notan al día de hoy, pues hay muchos proyectos ya comenzando que fueron aprobados con la reglamentación anterior; a partir de fines del año que viene sí se van a notar con la caída de actividad y la falta de empleo en este tipo de programas habitacionales. No abundaremos más en estos aspectos pues en un artículo anterior de la Revista efectuamos el análisis desmenuzado del tema.

B) Megaproyectos -  En el segundo semestre del año pasado se promulgó el decreto 329/016 que promueve las Mega Construcciones, tema del cual también publicamos un artículo. Los Megaproyectos son aquellos emprendimientos donde la obra civil (dec. 329/16) supera las 123.000.000 U.I en el monto de la inversión promovida, lo que equivale  a algo más de U$S 15.000.000. Sintetizando, en la medida que la inversión sea mayor a esa cifra y las áreas de uso común (según circular 2/17), dividido el área de propiedad individual de oficinas y viviendas sea mayor o igual que 0.20, se califica como Megaproyecto. Eso implica la devolución de IVA de compras en la obra, la exoneración de Impuesto al Patrimonio y la exoneración del IRAE hasta el 20% de la inversión, con una utilización de ese último beneficio de hasta un 60% cada año, a efectos del pago del IRAE. En este sentido, los proyectos deben estar presentados en la Intendencia antes del 31/12/2017 y tienen un plazo máximo de construcción de 36 meses, que llega hasta el 31/12/2020.

Originalmente las exoneraciones por este concepto eran para la construcción y vivienda de inmuebles con destino de oficinas, vivienda permanente o esporádica correspondiente a proyectos de gran dimensión económica.

Desde que salió el proyecto hasta hace pocos días, se le planteó al Ministerio que no contemplaba el tema arrendamiento. Ahora bien, salió un decreto con fecha 24/7 agregando “construcción para la venta o arrendamiento”, con lo cual es un paso adelante en este aspecto. Quizá sea bueno prorrogar el plazo para presentar proyectos a la Intendencia, el cual expira al 31/12/2017.

C) Al 30/06/2017 venció el plazo para que las sociedades BONT, con exoneraciones fiscales pudiesen disolverse o transformarse sin pago de IRNR ni ITP para incentivar la transparencia de sus actividades en el Uruguay.

D) Por otro lado, para sociedades con acciones al portador comprendidas en la ley 18.930, rige un plazo que vence el 30/09/2017 para identificar ante el BCU quiénes son los accionistas y beneficiarios finales. Esta información deberá presentarse a través de escribano por certificado digital.

A partir del 01/08/2017 y por 60 días, esto es hasta el 30/09/2017, todas las sociedades anónimas con acciones al portador, obligadas por la Ley 18.930, deberán comunicar al BCU quiénes son sus beneficiarios finales.

Para ello, el representante de la sociedad deberá identificar a cada beneficiario final y completar el Formulario B de comunicación con todos los datos aportados anteriormente por los accionistas.

El Escribano certificará la firma del representante de la sociedad y la vigencia de ésta y luego procederá a realizar la comunicación electrónica al BCU. La sociedad deberá aportar al Escribano copia de los siguientes documentos.

  1. Cédula de identidad del representante
  2. Estatuto
  3. Declaratoria - Ley 17.904
  4. Comunicación anterior al BCU

E) Por otra parte está el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, del cual tanto se habla en la prensa, el que entre otros temas aborda: la aplicación del criterio de la fuente para servicios y gravabilidad por el IVA; cambios previstos en relación a producción de software, deducibilidad y amortizaciones de los mismos; gravabilidad derivadas de las rentas en los juegos de azar y carreras de caballos; agravante del delito de defraudación tributaria; cambios introducidos en el Régimen de Zonas Francas y cambios en el tema de la tasa consular.

En el momento de la redacción de esta nota, todos estos temas están a punto de ser aprobados en la Cámara de Diputados para luego pasar a la de Senadores. Estamos hablando sólo de aspectos tributarios de la Ley de Rendición de Cuentas y que entre otros temas también incluye el artículo 15 de dicho proyecto, el cual establece que el Poder Ejecutivo queda “eximido de los plazos de cumplimiento” respecto de pagos por sentencias judiciales.

Todo esto regirá a partir del 1º de Enero de 2018, pero en términos de medicina preventiva es bueno saber y estudiar los detalles. Será motivo de un próximo análisis en base a los comentarios que surjan una vez aprobados estos aspectos.

Según establece la Ley Nº 19.484 de fecha 05/01/2017 (de Transparencia Fiscal Internacional, Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) TODAS LAS ENTIDADES RESIDENTES EN URUGUAY Y NO RESIDENTES CON ACTIVIDAD RELEVANTE EN URUGUAY están obligadas a:

1) IDENTIFICAR: al beneficiario final de las participaciones patrimoniales.
2) COMUNICAR: al Banco Central del Uruguay (BCU) sus beneficiarios finales, sean sus participaciones al portador o nominativas, debiendo identificar la/s personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control final sobre la entidad, incluso en caso de control indirecto a través de una cadena de titularidad.

A fin de cumplir con la primera de las obligaciones (identificar), es necesario que la sociedad implemente procedimientos para la identificación de sus beneficiarios finales y conserve la documentación que acredite quiénes son.

LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO FINAL Y CONSERVAR LA DOCUMENACIÓN rige por un plazo mínimo de 5 años.

Las notificaciones al BCU deben realizarse a través del escribano de su empresa vía certificado digital, en los PLAZOS que se detallan según el tipo de participaciones patrimoniales que se trate: 

  • SOCIEDADES CON PARTICIPACIONES AL PORTADOR: hasta el 30/09/2017.
  • SOCIEDADES CON PARTICIPACIONES NOMINATIVAS Y DEMÁS ENTIDADES: a partir del 01/05/2018 y hasta el 30/06/2018.

SANCIONES: Las entidades que incumplan con las referidas obligaciones, serán pasibles de multas pecuniarias de considerable dimensión (que se graduarán en función de la dimensión económica de las entidades y del plazo de incumplimiento). Además de las multas, tal incumplimiento será sancionado con la prohibición de distribuir utilidades y con la suspensión del certificado único de DGI.

Sugerimos en caso de dudas y también consultas de parte del escribano que intervenga por cada cliente, contactarse con su gerente de cuentas a los efectos que corresponda. 

Informamos que el Poder Ejecutivo prorrogó nuevamente la entrada en vigencia de los arts. 35,36,40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera.

Se suspende así la entrada en vigencia hasta el 1º. DE ENERO DE 2018, de los siguientes artículos de la Ley de Inclusión Financiera:

Art. 35) Operación de enajenación de bienes o prestación de servicio cuyo importe sea igual o superior a 40.000 U.I.

Art. 36) Bienes o prestación de servicios cuyo importe sea igual o Superior al equivalente a 160.000 unidades indexadas. - Solo se admite pago por medio electrónico.

Art. 40) Enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles cuyo importe supere el valor de 40.000 Unidades Indexadas deberán abonarse a través de medios de pago electrónicos o cheques no a la orden. Deberán establecerse en el instrumento que documenta la operación la individualización de los medios de pago empleados (sanciones al Escribano, y a las partes intervinientes, negativa de inscripción registral como sanción).

Art. 41) (Adquisiciones de vehículos motorizados) – También deberán abonarse mediante medios de pago electrónicos las adquisiciones de vehículos motorizados (iguales sanciones que en el caso de inmuebles) (art. 42 Ley 19.210 y su modificativa 19.478).

Por Alfredo Kaplan

 

A continuación pasamos a exponer los principales aspectos de la reciente resolución Nº 434/17, la cual modifica la reglamentación para los proyectos de Vivienda de Interés Social amparados en la ley Nº18.795:

a) Se aplica para proyectos que soliciten la declaratoria promocional a partir de la resolución Nº 434/17 fechada el 23/03 (aunque la misma se dio a conocer el 29/03).

b) En otras palabras, no se aplicaría para proyectos terminados o en curso y/o presentados a la ANV antes de la citada fecha.

c) Para los promotores, rigen las siguientes condicionantes para las zonas: 01, 02 y 03

Condiciones para la enajenación de las viviendas ubicadas en las zonas 01 (zona violeta), 02 (zona azul - centro) y 03 (zona marrón – periferia)

Para proyectos de hasta 6 unidades: no aplican topes de precio ni condiciones.

Para proyectos de 7 a 9 unidades: 1 unidad con tope y condiciones.

Para proyectos de más de 9 unidades: se deberá asignar el 10% de las unidades (debe ponderarse por cantidad de dormitorios) para aplicar topes de precio y condiciones.

d) Los topes de precio son los siguientes, expresados en U.I. (Unidades Indexadas) y traducidos  a U$D (Dólares):

Se modifican los topes de precio y se establecen condiciones de ventas que serán aplicables de acuerdo a la zona en que se sitúe el proyecto y a la cantidad de unidades del mismo.

Topes de precio:

Cantidad de dormitorios               Precios topes (aprox. en USD)

               1                                                69.400

               2                                                91.700

               3                                               113.500

               4                                               130.700

 

e) La resolución implica un cambio respecto de a quiénes se le puede vender las unidades topeadas, ya que se van a adjudicar a quienes el Ministerio de Vivienda determine. Condiciones para la venta – Programa “Compra de vivienda promovida” Se obliga a los inversores a vender las unidades que haya asignado para topear, según corresponda de acuerdo a la zona, al momento de presentar el proyecto en la ANV. En términos resumidos este programa establece que:

1) No se podrá realizar negocios sobre esas unidades por fuera de este programa. El inversor se obliga a vender a las personas que el MVOTMA determine.

2) No se podrán cobrar a los ocupantes ningún tipo de gasto de ocupación o gravamen distinto del precio.

3) Las personas seleccionadas podrán comprar la unidad a través del BHU, Fondo de garantías de créditos hipotecarios (FGCH) de la ANV, Subsidio a la cuota hasta el 50% del MVOTMA.

4) El inversor deberá proponer un precio de venta, menor o igual al tope, al momento de asignar las unidades, luego de los 180 días corridos desde la declaratoria promocional, y si el MVOTMA considera oportuno, remitirá al BHU el listado de las unidades para que proceda a su tasación. Si el valor de la tasación resultare menor que el propuesto por el inversor, deberá atenerse a él.

5) Cuando el avance de la obra alcance el 90%, el MVOTMA se dispondrá a seleccionar a través de un llamado público a los interesados.

6) Cuando el avance de obra alcance el 100% y se encuentre en condiciones de ser adquirida con préstamo de BHU, la empresa deberá remitir toda la documentación que el BHU requiera para la celebración de la compraventa e hipoteca.

7) Una vez que el BHU acepte la documentación, se lo comunicará al MVOTMA y empezará a correr un plazo de 180 días hábiles para la celebración de la compraventa.

8) Vencido el plazo de 180 días hábiles (prorrogable por causas extrañas o fuerza mayor), el inversor quedará eximido de la obligación de vender a través de este programa y podrá disponer de su unidad. Cabe aclarar, que se establece que el inversor no tiene derecho a reclamar nada al MVOTMA o a la persona seleccionada para comprar la unidad.

 

f)   La zona costera prácticamente siempre estuvo fuera de las posibilidades de venta debido a los topes de precio.

g) Disposiciones para los arrendamientos- Vale la pena mencionar  que los topes son en U.I y en el cuadro que vamos a exponer están expresados en $ (pesos uruguayos).

Se establecen distintos tratamientos dependiendo de la zona en la que se ubique el proyecto y de si quien alquila es el inversor o un tercero que compra la unidad y lo arrienda.

 

 

ZONAS 01 y 03 (VIOLETA Y MARRÓN)

Tratamiento sobre los arrendamientos para el inversor - desarrollador: Proyectos de hasta 6 unidades: 100% de exoneración a las rentas por arrendamiento.

Proyectos a partir de 7 unidades: Se deberá asignar al momento de presentar el proyecto un 15% de unidades (distintas al 10% asignado para la venta) que sólo podrán ser arrendadas a través del FGA hasta la primera venta. El resto de las unidades estarán exoneradas de impuestos a la renta.

Tratamiento sobre los arrendamientos para el comprador que arrienda:

Estará exonerada el 100% de la renta si no supera los siguientes topes:

Cantidad de dormitorios               Tope arrendamiento (aprox. $)

               1                                                13.000

               2                                                16.000

               3                                               18.000

               4                                               18.000

Si se excede ese valor, la exoneración de los impuestos a la renta será del 40%

 

ZONA 02 (AZUL - CENTRO)

Tratamiento sobre los arrendamientos para el inversor - desarrollador:

Proyectos de hasta 6 unidades: estará exonerado el 100% si alquila a través del FGA o 40% si no lo hace.

Proyectos a partir de 7 unidades: Se deberá asignar al momento de presentar el proyecto un 15% de unidades (distintas al 10% asignado para la venta) que sólo podrán ser arrendadas a través del FGA. El resto de las unidades estarán exoneradas de impuestos a la renta.

Tratamiento sobre los arrendamientos para el comprador que arrienda:

Estará exonerada el 100% de la renta si no supera los siguientes topes:

Cantidad de dormitorios               Tope arrendamiento (aprox. $)

               1                                                13.000

               2                                                16.000

               3                                               20.000

               4                                               20.000

Si se excede ese valor de arrendamiento, la exoneración será del 40%.

 

ZONA 04 (AMARILLO - COSTA)

100% de exoneración si el arrendamiento se hace a través del FGA, de lo contrario, no tendrá exoneración alguna.

h) Es importante comentar que va a haber que analizar cuidadosamente el  mapa de las nuevas zonas, pues aparentemente hay algunos cambios que pueden implicar que un proyecto califique o no.

i) Constituye un aspecto positivo, que el tope de número de garaje que fija la Intendencia es el mínimo y se puede llegar hasta 1 garaje por unidad, lo que no era así antes de esta resolución.

Para finalizar podemos decir que, los precios topeados son muy inferiores a los anteriores y cambian la ecuación económica de los desarrolladores, ya que hay un 10% de las unidades que se topean por debajo del costo, trabajándose a pérdida sin tomar en cuenta lo que se deje de ganar en los mismos. Vale la pena considerar que en el caso de las viviendas puestas a disposición del Ministerio, hasta que eventualmente el Ministerio adjudique las unidades a quienes designe, el plazo va a ser aproximadamente de 1 año después de la finalización de las obras. En ese momento con los costos financieros consiguientes, el promotor podrá cobrar la venta, o por el vencimiento del plazo la vivienda dejará de estar a disposición del Ministerio y el promotor podrá disponer de ella.

Los topes referidos a arrendamientos para unidades a estrenar parecen- en el mejor de los casos- desfasados en un 20% en relación a valores del mercado.

Creo que las condiciones anteriormente referidas permiten pensar en que se van a presentar menos proyectos  de acá en adelante, con lo cual el personal ocupado del sector paulatinamente  va a descender en el producto VIS Ley Nº 18.795.

 

La utilidad que deja de tener el promotor se debería trasladar:

I. Al valor que pague por el terreno y compensar total o parcialmente esa situación.

II. Al resto de las unidades (90%), que deberían aumentar su valor.

 

Pensando en la política de arrendamientos a largo plazo, en los últimos años con el surgimiento de los emprendimientos Ley Nº18.795 se había fortalecido la oferta de inmuebles en alquiler y los precios habían permanecido estabilizados y/o descendentes en precios reales. En mi opinión, al disminuirse la demanda futura, dentro de 2 años esto va a empezar a cambiar de tendencia.

Todos los comentarios fueron realizados en relación a los valores de Montevideo. En próximos informes analizaremos la situación del interior que filosóficamente no va a cambiar mucho.

Por Cr. Leonardo Akerman

 

En nuestra revista Panorama Económico & Empresarial Nº 15, el Cr. Jorge Valdez nos introducía en su artículo al concepto de Residencia Fiscal, complementando esta exposición brindamos aquí las últimas novedades sobre el tema:

A través del Decreto Nº 330/16 se establece un nuevo criterio para configurar la residencia fiscal en Uruguay sobre la base de intereses económicos que tenga una persona física en nuestro país. De esta forma (salvo que acredite residencia fiscal en otro país), será residente fiscal uruguayo quien posea en el territorio nacional una inversión:

a) en bienes inmuebles por un valor superior a 15.000.000 UI. (USD 1.800.000)

b) en una empresa por un valor superior a 45.000.000 UI (USD 5.400.000), que comprenda actividades o proyectos que hayan sido declarados de interés nacional.

De acuerdo a la normativa vigente del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), serán residentes fiscales aquellas personas físicas que cumplan (individualmente) con cualquiera de las siguientes condiciones:

A) Que permanezca más de 183 (ciento ochenta y tres) días durante el año civil, en territorio uruguayo.

B) Que radique en territorio nacional el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos o vitales.

Hasta la entregada en vigencia del nuevo decreto, se presumía que el centro de interés económico se encontraba situado en Uruguay en la medida que la persona física genere en el país rentas de mayor volumen que las generadas en otros países y además no podían computarse las rentas del capital. Sin embargo a partir de ahora, quienes verifiquen una inversión de US$ 1.800.000 en bienes inmuebles en el país podrán acreditar su residencia fiscal en Uruguay.

 

Fue aprobada en el parlamento la ley que favorece el empleo de personas con discapacidad en empresas privadas.

 

El proyecto establece que todas las Empresas Privadas y las Personas Publicas no estatales con más de 25 trabajadores, deberán emplear a personas en situación de discapacidad, de acuerdo al porcentaje mínimo del 4 % de la totalidad de sus empleados. O sea que cada 25 empleados, deberá contar con 1 en situación de discapacidad.

 

 

Las empresas que no cumplan con este porcentaje podrán ser sancionadas, considerando los antecedentes de la empresa y la gravedad del incumplimiento. Además, el no cumplimiento de norma significaría la perdida de la preferencia que se le daría a las empresas privadas cumplidoras en oportunidad de la contratación con el Estado [...]

 

Por Cr. Alfredo Kaplan.

 

En relación al Decreto 329/016 e información extraída de la página web de Presidencia de la República, cabe plantearse una serie de consideraciones, en una enunciación no taxativa:

A) Sin duda, todo mecanismo de promoción de inversiones es positivo.

B) Se puede cuestionar porqué solo se incentiva inversiones mayores a los 15 millones de dólares y no a proyectos de menor porte.

C) Vale la pena resaltar el Artículo 6º del Decreto 329/016 y que no fue destacado en el comunicado de Presidencia.

“ARTÍCULO 6º.- Crédito de IVA .- Otórgase a la entidad cuyo proyecto haya sido declarado promovido al amparo del presente decreto, un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de equipos, máquinas, materiales y servicios destinados a la obra civil. Dicho crédito será materializado mediante certificados de crédito en el régimen correspondiente a los exportadores, en las condiciones que determine la Dirección General Impositiva.”

Esto permite por un lado, aliviar financieramente la inversión, y por otro lado, en la medida que la venta va a estar gravada con el 10% (a la primera venta de inmuebles), solucionar un tema económico que no haya un eventual sobrante de IVA compras.

D) Sin perjuicio del tope de los 15 millones de dólares, ¿qué sucedería si un promotor en la misma sociedad presenta 2 proyectos en 2 inmuebles, que individualmente no alcanzan esa base pero la suma de ambos la superan, puede acogerse a los beneficios?

E) El 20% que plantea de “área destinada a uso común”, entiendo que refiere a gimnasios, piscinas, barbacoas, jardines y canchas de deportes, este cómputo además, ¿comprende los espacios destinados a escaleras, palieres y otros lugares de planta baja?

F) Es importante señalar que por primera vez en proyectos COMAP se habla de viviendas para venta.

G) Es de suponer que los locales y garajes que existan en estos complejos, se encuentran comprendidos dentro de los beneficios del proyecto.

 

 

 

Links:

Decreto 329/016

Información de Presidencia de la República

 

Se publicó decreto con fecha 5/9/2016 en el cual se acepta la pesificación de la diferencia de cambio para el IVA.

 

En otras palabras esto implica que, cuando se entrega el inmueble habrá que realizar dos facturas por la venta del inmueble:

a) Una en pesos ($) por lo cobrado hasta el día de la ocupación en pesos uruguayos.

b) Otra por el saldo ocupación y post ocupación en dólares (USD).

Obviamente ambas facturas sumadas tienen incluido el 10% de IVA.

 

  

Recordamos la importancia de facturar los gastos de conexiones, reglamento, planos, etc. concomitantemente con la factura “b” para que esté facturado con el IVA al 10% de las ventas. La vigencia, tal como se detalla en el decreto adjunto, es para aquellos inmuebles que se entreguen a partir del 1º de Setiembre de 2016.

  

Acceda al decreto aquí

 

El pasado 3, 4 y 5 de Agosto tuvimos el honor de ser los anfitriones de la Convención Latin America de la red CPA Associates International.(*)

En este destacado evento internacional, recibimos a miembros de importantes firmas de profesionales de Latinoamérica y Estados Unidos.

El evento se desarrolló entre Montevideo y Punta del Este  y contó con la presencia de autoridades del gobierno nacional y del departamento de Maldonado.

 

El día viernes 5 de agosto se realizó una visita al departamento de Maldonado, donde los delegados fueron recibidos por las autoridades departamentales. En esta jornada, el Cr. Alfredo Kaplan, director de Estudio Kaplan, disertó sobre “¿Por qué invertir en Uruguay?”

La convención tuvo su cierre el viernes 5 con una gran fiesta de clausura en Kibon.

Este evento internacional fue declarado de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, y de Interés Departamental por la Intendencia de Maldonado.


* CPA Associates International es una asociación de contadores públicos certificados independientes y de empresas de contabilidad acreditadas que brinda a sus clientes servicios contables, auditorías, servicios fiscales y diferentes servicios de consultoría. Nuestra organización única en el mercado consta de 149 miembros en 67 países de todo el mundo. Cada miembro utiliza los servicios de nuestra Asociación y los recursos de los miembros socios para satisfacer a sus clientes y administrar sus empresas. 

 

 

Informe: Proyecto de Ley – transparencia fiscal. En el mes de julio se dio a conocer el Proyecto de Ley que contiene, entre otros temas, modificaciones en el secreto bancario y en las normas de transparencia fiscal. En el mismo se traslucen dos claros objetivos del gobierno: cumplir estrictamente con los estándares internacionales sobre transparencia fiscal y desestimular la utilización de entidades ubicadas en Paraísos Fiscales.

Compartimos informe elaborado por nuestros profesionales

Descárguelo aquí

Informe: ¿Cómo cambia la tributación empresarial a partir de la Rendición de cuentas, vigencia 1 de Enero de 2017?

Compartimos informe elaborado por nuestros profesionales

Descárguelo aquí

Invitamos a nuestros clientes y amigos a la conferencia a dictar el próximo miércoles 13 de julio en la Sede de APPCU. Los interesados deberán inscribirse por ESTUDIO KAPLAN, directamente en APPCU a través de las siguientes vías: Tel. 2410 0384 o Mail:

Ampliar aqui

Objetivo: dar a conocer los requerimientos y obligaciones que plantea la normativa en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA FT), a la luz de las últimas novedades sobre el tema.

Dirigido a: Escribanos, promotores privados, agentes inmobiliarios, rematadores, casinos, explotadores de zonas francas y demás sujetos obligados por el artículo 2º de la Ley Nº 17.835 de 23 de setiembre de 2004.

Contenidos: Concepto de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo/ Marco regulatorio internacional / Actividades ilícitas en Uruguay / Factores de riesgo / Fundamentos de Debida Diligencia  de los clientes/ Señales de alerta/ Reportes de operaciones sospechosas.

Disertarán: Cra. Victoria Buzetta, Cra. Viridiana Meirana y Cr. Gonzalo Ferreiro.

Buzetta, Victoria Contadora Pública y Licenciada en Administración. Es Diploma en Finanzas, Diploma en Normas Internacionales de Información Financiera (DipIFRS) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants y está certificada en Normas Internacionales de Auditoria por la Association of Chartered Certified Accountants. Docente de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de la República desde 1997. Ha trabajado directamente para varias firmas de auditoría y consultoría. Consultora para el MEF. Ha dictado clases en el CCEAU, AIN, DGI, Endeavor, y en varias empresas a nivel local y en el exterior. Está registrada en el Banco Central del Uruguay como profesional habilitada para emitir informes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT.

Meirana, Viridiana Contadora Pública. Certifcada en Normas Internacionales de Información Financiera (CertIFR) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants. Ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, se desempeñó como docente, ha dictado varios cursos en materia de Prevención de LA FT en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en la firma. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Articulista de la Revista Panorama Económico & Empresarial.

Ferreiro, Gonzalo Contador Público. Ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, participando en auditorias de Instituciones de Intermediación Financiera en lo referente a gestión de riesgos, mecanismos de prevención y control de LA FT, análisis crediticio, etc. Ha dictado clases en la UDELAR, en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en varias empresas a nivel local en la modalidad in company. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Ha publicado distintos artículos y trabajos referidos a LA FT.

Lugar: Estudio Kaplan, Bvr. 26 de Marzo 3438 - Sala Conferencias - piso 11

Fecha y horario: 16, 17, 23 y 24 de Junio - Horario: 9.30 a 11.00hs

Inversión: $3.800+IVA

20% de bonificación para nuestros Clientes, Socios CIU, APPCU, ADIU, ANRTCI y ASOC. ESCRIBANOS

Formas de pago: Cheque o efectivo I Depósito bancario

Por inscripciones o más información:

Certificado de participación al finalizar el curso.

CUPOS LIMITADOS!

El Cr. Alfredo Kaplan fue entrevistado en el programa La mañana del Espectador, en Radio El Espectador 810 AM. Allí expuso su visión sobre la rentabilidad y los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de desarrollar un emprendimiento inmobiliario. Escuche la nota aquí

Además de los problemas que avizoran los analistas económicos en relación al enlentecimiento en el crecimiento del PBI, la mayor conflictividad laboral, la menor competitividad en comparación con los países vecinos, y demás eventos de conocimiento público, recientemente se han dado a conocer dos noticias relacionadas a la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que añaden complejidad al panorama de negocios inmobiliarios.

 

La primera de ellas es la resolución de la Auditoria Interna de la Nación (en adelante AIN) emitida el 21 de agosto de 2015, en la que aprobó un programa para la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados del sector no financiero. El otro anuncio movilizador lo constituyen los art 41 y 42 de la Ley de presupuesto enviada al Parlamento para su consideración el 31 de agosto de 2015 en el que se crea un nuevo organismo des centralizado y dependiente de la Presidencia de la República, que tendrá por nombre: “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”.

 

Antecedentes

En junio 2009, la ley N° 18.494 estableció en su Art. 1, un elenco de sujetos obligados a informar las transacciones, realizadas o no, que resulten inusuales, o no tengan justificación económica o legal evidente, o sean altamente complejas. Esta obligación fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, en el Decreto 355/10 del 2 de diciembre de 2010. Son sujetos obligados, entre otros son los siguientes:

• Las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles,

• Los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con: compraventa de bienes inmuebles, administración de dinero, valores u otros activos del cliente. Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores, organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades, creación, operación o administración de personas jurídicas o otros institutos jurídicos y compraventa de establecimientos comerciales, esto significa que además del escribano intervienente y de la institución bancaria que seguramente intermedie en la operación, son sujetos obligados las inmobiliarias y otros intermediarios en actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión u otras transacciones que involucren inmuebles.

De acuerdo al decreto se entiende por intermediarios en transacciones con inmuebles a los promotores de negocios inmuebles en general, cualquiera sea su forma jurídica, y en especial los fiduciarios, los fundadores y los directores de sociedades anónimas dedicados a esa actividad.

¿Qué implica la obligación de informar?

Las operaciones inusuales o inhabituales a los usos y costumbres de la actividad, o sospechosas ya sea porque que se presentan sin justificación económica o legal evidente, o porque plantean una complejidad inusitada o injustificada, realizadas o no, deberán ser comunicadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU. También deberán informarse las transacciones que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud.

¿Qué implica la obligación de vigilar?

Su deber de informar, deberían definir e implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes (tanto para los nuevos como para los ya existentes), que les permitan una adecuada identificación y conocimiento de los mismos.

¿Todas las operaciones inmobiliarias están alcanzadas por la obligación de vigilar?

El mencionado Decreto 355/10 establece que en operaciones inmobiliarias en efectivo superiores a USD 100.000 o equivalente o, en transacciones que se realicen utilizando instrumentos bancarios superiores a USD 200.000 o equivalente, deberán intensificar sus procedimientos de debida diligencia. La obligación de vigilar es independiente de si la operación se realiza en un solo pago o en varios. Efectivamente, si la propiedad inmobiliaria se abona en cuotas inferiores al umbral planteado pero los pagos - en un año calendario - en conjunto superan los referidos montos, se deberán considerar como una sola operación, siempre y cuando sean realizadas por o en beneficio de una misma persona física o jurídica.

Ya ha pasado un quinquenio que venimos cumpliendo con la obligación de vigilar!

La ley que incluye como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas a las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles fue promulgada en junio 2009, si bien su reglamentación se publicó en diciembre de 2010.

Resolución de AIN del 21 de agosto de 2015

La tarea de velar por el cumplimiento de la Ley N° 18.494 y su Decreto reglamentario 355/010 en el caso de los sujetos no supervisados por el BCU, es competencia de la AIN. Sin embargo, este organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el momento no había hecho mucho.Recientemente, la AIN aprobó un Programa para la supervisión del cumplimiento de las normas de prevención del lavado del activos y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados del sector no financiero, y un Mapa de Cumplimiento, un Marco y los criterios para la evaluación transitoria.

Ley de presupuesto 2015 - 2019

Diez días después de emitida la Resolución de la AIN, ingresaba al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto que en su artículo 41 propone que la tarea de supervisión deje de estar en manos de la AIN y pase a la órbita de un organismo especial.

Entre las competencias de este nuevo organismo se incluye el control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados por el artículo 2º de la Ley Nº 17.835 de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la presente ley, entre los que se encuentran las inmobiliarias, empresas constructoras, promotores privados de la construcción y demás intermediarios en transacciones que involucren inmuebles.

A tales efectos el órgano de control dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización, y especialmente podrá:

• Exigir a los sujetos obligados antes mencionados, la exhibición de todo tipo de documentos, propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar informaciones. La no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas aparejará la aplicación de una multa de acuerdo con la escala establecida por dicho artículo.

• Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados. Sólo podrán inspeccionarse domicilios particulares con pre via orden judicial de allanamiento.

Por otra parte, el artículo 42 de la Ley de Presupuesto faculta al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que de verán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de los clientes. Además, plantea que cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (refiriéndose a la nueva Secretaria) podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.

Es momento de tomar cartas en el asunto

Es momento de que las inmobiliarias, promotores privados de la construcción, empresas constructoras y demás actores participantes en los negocios inmobiliarios, piensen estrategias propias del sector para prevenirse de ser utilizados en el lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo y proyecten procedimientos de identificación de clientes con un enfoque basado en riesgos.

El pasado 5 de noviembre abrió sus puertas Melancia – Rivera Mall & Freeshops

Celebramos junto a nuestros clientes de Melancia por la concreción de este gran proyecto!!!

 

 

 

 

En la imagen (de izquierda a derecha) la Cra. Cristina Sosa gerente del Departamento de Impuestos de Estudio Kaplan, la Cra. Patricia Marchesano asesora del grupo inversor de Melancia Shopping Mall y la contadora Victoria Buzetta gerente del Dpto de Auditoria de Estudio Kaplan.

 

 

Objetivo

dar a conocer los requerimientos y obligaciones que plantea la normativa en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA FT), a la luz de las últimas novedades sobre el tema (creación de instituto fiscalizador).

Dirigido a

Escribanos, promotores privados, agentes inmobiliarios, rematadores, casinos, explotadores de zonas francas y demás sujetos obligados por el artículo 2º de la Ley Nº 17.835 de 23 de setiembre de 2004.

Contenidos

  • Concepto de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Marco regulatorio internacional.
  • Actividades ilícitas en Uruguay.
  • Factores de riesgo.
  • Fundamentos de Debida Diligencia  de los clientes.
  • Señales de alerta.
  • Reportes de operaciones sospechosas.

Disertarán

Cra. Victoria Buzetta, Cra. Viridiana Meirana y Cr. Gonzalo Ferreiro.

 

Buzetta, Victoria Contadora Pública y Licenciada en Administración. Es Diploma en Finanzas, Diploma en Normas Internacionales de Información Financiera (DipIFRS) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants y está certificada en Normas Internacionales de Auditoria por la Association of Chartered Certified Accountants. Docente de la Universidad de Montevideo y de la Universidad de la República desde 1997. Ha trabajado directamente para varias firmas de auditoría y consultoría. Consultora para el MEF. Ha dictado clases en el CCEAU, AIN, DGI, Endeavor, y en varias empresas a nivel local y en el exterior. Está registrada en el Banco Central del Uruguay como profesional habilitada para emitir informes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT.

Meirana, Viridiana Contadora Pública. Certifcada en Normas Internacionales de Información Financiera (CertIFR) emitido por la Association of Chartered Certified Accountants. Ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, se desempeñó como docente, ha dictado varios cursos en materia de Prevención de LA FT en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en la firma. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Articulista de la Revista Panorama Económico & Empresarial.

Ferreiro, Gonzalo Contador Público. Ha trabajado para varias firmas de auditoría y consultoría, participando en auditorias de Instituciones de Intermediación Financiera en lo referente a gestión de riesgos, mecanismos de prevención y control de LA FT, análisis crediticio, etc. Ha dictado clases en la UDELAR, en el Instituto de Economía y Finanzas Montevideo y en varias empresas a nivel local en la modalidad in company. Ha participado en diversos seminarios, congresos y cursos de LAFT. Ha publicado distintos artículos y trabajos referidos a LA FT.

 

Lugar: Estudio Kaplan (Sala Conferencias - piso 11, 26 de Marzo 3438

Fecha y horario: 22, 27 y 29 de Octubre - Horario: 9 a 10:45hs

Inversión: $3.800+IVA

20% de bonificación para nuestros Clientes, Socios CIU, APPCU, ADIU, ANRTCI y ASOC. ESCRIBANOS 

Formas de pago: Cheque o efectivo I Depósito bancario

Por inscripciones o más información:

Certificado de participación al finalizar el curso se entregará a cada participante.

CUPOS LIMITADOS!

El pasado 8 de octubre recibimos la visita de un grupo de estudiantes de la 2º año de bachillerato en Administracion en UTU del interior.

Conocieron nuestro estudio y pudimos compartir con ellos experiencias y vivencias referentes a la vida académica y profesional en Montevideo…

FUE UNA GUSTO PODER RECIBIRLOS!

 

Edificio First Tower Bvar. 26 de Marzo 3438 piso 9 Montevideo, Uruguay Tel: (+598) 2623 29 21* Fax: (+598) 2623 29 21 ext. 229

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